MANEJO DE ESTADO

¿Presos políticos en Panamá?: Olmedo Beluche

Diez estudiantes del Instituto Nacional, cuyas edades oscilan entre los 16 y 18 años, cumplieron tres meses detenidos en condiciones que cualquier organismo internacional de derechos humanos catalogaría como tortura. Están casi incomunicados, se restringe la visita de familiares, sufren presiones psicológicas y están mezclados con delincuentes comunes.

El gobierno de Juan Carlos Varela y su Procuraduría General, imitando al genocida George W. Bush, acusó a los estudiantes de “terrorismo”. Creen que esa acusación basta para violar, con descaro, la ley, la Constitución Política y los principios del derecho moderno. La diferencia entre Bush y Varela es que el primero llevó a los acusados de “terrorismo” a Guantánamo, porque sabía que en Estados Unidos nadie puede estar preso de forma indefinida, sin presentar pruebas.

La Procuraduría comete la misma arbitrariedad que Bush, pero no con hombres maduros ni combatientes, sino con jóvenes estudiantes, que apenas alcanzan la mayoría de edad, y a quienes no se les ha comprobado su participación en una protesta callejera, con destrozos. Incluso, un informe de la Defensoría del Pueblo indica que, tanto el profesor como la estudiante afectada señalan que sus quemaduras fueron accidentales y no intencionadas (Panamá América, 12/10/15).

Los métodos de aislamiento y tortura, que practican las autoridades con los alumnos, no se atreven a usarlos con los asesinos flagrantes ni con los capos de las mafias y menos con los millonarios que le han robado al Estado ¿Están reviviendo métodos dictatoriales, supuestamente, superados? La ciudadanía conoció los disturbios cometidos en el Instituto Nacional y la mayoría, incluyendo a activistas políticos, sindicales, de derechos humanos y exdirigentes estudiantiles, deplora el vandalismo irracional. Nadie defiende esas acciones, que deben ser sancionadas. Lo que no está claro es que califiquen bajo el delito de “terrorismo”. Corresponde que las autoridades prueben que los detenidos son responsables; deben permitir que sus padres los vean, dejar que actúen sus abogados y concederle iguales medidas cautelares a todos (unos fueron liberados, pero otros no. Al final del proceso, si resultaran culpables, se les debe aplicar las sanciones correspondientes, atendiendo al principio de la rehabilitación, como ha orientado el papa Francisco. El catolicismo manifiesto del presidente no debe permitirle olvidar ese principio.

También es importante decir que desde hace unos años existe una conspiración para justificar el cierre del Instituto Nacional. Además, que los abusos que se cometen contra esos institutores, la forma como procedieron a detener a un grupo de universitarios durante la última protesta y las amenazas del ministro de Seguridad de que no permitirán cierres de calle, nos dicen que se configura un Estado represor, que pretende criminalizar la protesta social. ¿Se están preparando para reprimir las protestas contra las reformas a la Caja de Seguro Social, el aumento de los impuestos, etc.?

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