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Propiedad privada y bien común: Jorge Eliécer Madrid Martínez

El debate entre los indígenas y el Estado ha sido enfocado por las partes en función de sus intereses, de sobrevivencia y de poder, respectivamente; sin embargo, la verdadera polémica es la lucha histórica entre la propiedad privada de los medios de producción (tierra, agua, petróleo, cobre, oro, industrias, entre otras) y el bien común (los recursos naturales que sustentan la vida humana).

Las empresas hidroeléctricas y los gobernantes lo han dicho muy claro: los recursos naturales le pertenecen a todos y la Constitución garantiza la práctica de la propiedad privada de los bienes y servicios; es decir, que el Estado puede disponer de estos recursos de la forma que las leyes establecen, siempre que el beneficio de estas concesiones llegue a la población panameña. La privatización de los recursos naturales por parte del Estado, como modelo de desarrollo, es una de las principales causas del lema “cada vez más se abre la brecha entre ricos y pobres”, porque a pesar de que el presidente Martinelli dice en su campaña publicitaria que tenemos grado de inversión y que hemos sido considerados como uno de los destinos turísticos más importantes y mejores de América Latina, en Panamá un tercio de la población (un millón de personas) vive bajo el umbral de la pobreza y la pobreza extrema.

Este hecho contradice el discurso del boom económico del que deberíamos sentirnos orgullosos. La pregunta es ¿hacia dónde se van las grandes ganancias de ese boom económico y quiénes generan estas riquezas? Las riquezas benefician a las clases sociales minoritarias de empresarios, y la clase trabajadora recibe salarios mínimos, aprobados por el Estado (2011) y consensuado con los empresarios, que según su criterio pagan lo necesario para vivir decentemente. Esta es la lógica del desarrollo capitalista practicado en Panamá.

Los indígenas igual lo han dicho: “es un desarrollo que me empobrece”, y, peor aún, ellos son los que se encuentran en la pobreza y la pobreza extrema, según las encuestas de Niveles de Vida del Ministerio de Economía y Finanzas 2008. Si la economía panameña, desarrollada históricamente por los gobiernos, ha arrinconado a los pueblos indígenas a las tierras menos productivas, agrícolamente hablando, pero con grandes reservas de minerales y agua, se puede comprender su determinación por conservar lo poco que el desarrollo les ha legado para sobrevivir.

La propiedad privada como garante del desarrollo económico es puesta a prueba en esta batalla entre los defensores del bien común (indígenas) y los defensores de la privatización (Estado y empresa privada). Un ejemplo claro de un bien común que no se ha privatizado y que genera miles de millones de dólares para el beneficio de la población es el Canal de Panamá. Por este bien común se luchó y se perdieron vidas. El agua del río Chagres, que administra el Idaan, es otro bien común y no se debe permitir que la privatización lo meta en su lógica de desarrollo.

El Estado no quiere ceder el derecho de privatizar los recursos naturales (bien común) para la explotación por parte de las minorías empresariales; los indígenas solo quieren garantizar que este bien común no quede como la energía eléctrica, los medicamentos, los alimentos y ahora el transporte público (Metro Bus) en manos de las minorías empresariales, que más que apuntar a un desarrollo lo que hacen es aumentar el costo de la vida en Panamá.

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