ANÁLISIS JURÍDICO CRÍTICO

Reelección y regulación constitucional: Luis Antonio Pereira Sánchez

Tras la polémica que se generó el año pasado a raíz de la consulta del hoy magistrado Heriberto Araúz en torno a la regulación constitucional de la reelección, casi todos los argumentos eran de naturaleza política, entendidos como una valoración sobre la conveniencia o no de la institución. Aquí proponemos un análisis jurídico crítico alternativo, sin desconocer importantes razones históricas, así como el cuestionable origen de los cambios que generó la discusión que, incluso, son objeto de una investigación penal (a nuestro entender suficiente para dar por terminado el debate).

La atribución de un cambio en el alcance de la prohibición del artículo 178 de la Constitución en materia de reelección presidencial, debido a la sustitución del término “ciudadano” por “funcionario” es una lectura literal y formalista. En realidad ciudadano y funcionario en este contexto son sinónimos, y esto resulta claro si se examina la historia de dichos términos. El ciudadano del artículo 178 viene igual desde el artículo 82 de la Constitución de 1904. Precisamente, la referencia del término en esta época tiene su origen en un atavismo lingüístico del constitucionalismo venezolano, en el que es común hablar del “ciudadano-Presidente”, término que se lee, por ejemplo, en el artículo 2 de la Constitución de 1891.

Más claro aún, desde la Constitución de abril de 1864 (Art. 15, numeral 15, punto 3) de ese país sudamericano, hay una fórmula que se ha mantenido, más o menos igual a través de casi una veintena de constituciones, incluyendo la actual de 1999 (Art. 21, numeral 3), que señalaba: “No se dará otro tratamiento oficial a los empleados y corporaciones que el de ciudadano y usted”. Así, el término se usaba para referirse con deferencia a cualquier persona que ostentara un cargo público, es decir, a los empleados o funcionarios, por lo que no hay diferencia alguna entre hablar de “ciudadano” o “funcionario”.

Precisamente, si se verifican normas de esa época, como el Código Administrativo de 1917, se advertirá un uso semejante. Por ejemplo, al regular la toma de posesión del Presidente, el artículo 615, señala: “En la sesión que celebre la Asamblea Nacional con el fin de darle posesión al ciudadano que haya sido elegido Presidente de la República se observarán las disposiciones que contienen los artículos siguientes”. ¿Acaso, según la interpretación combatida, se podría prescindir de estas normas si la persona elegida Presidente era previamente funcionario y no solo ciudadano? Además, hasta donde se sabe, no hay un conjunto de reglas especiales para juramentar a los “funcionarios”. Y es que de ser válida esta diferencia, habría que crear una doble regulación para todos los casos en que se hable por un lado de “ciudadano” y por otro de “funcionario”. Claramente, los resultados de esta interpretación son absurdos. Así, todo este dilema de vocabulario sería resuelto si la redacción del artículo fuera tal como la regulación de la prohibición del artículo 180: “Quien haya ocupado el cargo de Presidente...”, lo que demuestra los problemas de una interpretación meramente literal.

Por otro parte, en el artículo 178 se establece una prohibición en materia electoral para ocupar consecutivamente un cargo. Como se sabe, cuando una norma prohíbe una conducta o situación, supone una de las medidas más enérgicas tomadas por quienes crean la norma. Sin embargo, el punto esencial es que cuando se prohíbe una conducta, siempre será en base a otra preexistente sobre la que pesa un juicio de valor negativo, es decir, una conducta que por sus negativos efectos sociales, se considera conveniente prohibir.

Así, necesariamente habrá un rezago entre la aparición de dicha conducta y la posterior prohibición, situación que ha sido descrita en derecho penal en una conocida frase: “el derecho penal siempre llega tarde”. Y la razón para esto es que quien crea una norma no puede ser adivino y predecir el futuro, para saber de antemano las consecuencias negativas de las diferentes acciones sociales. Entonces, ¿existe algún motivo fáctico concreto para propiciar este supuesto cambio? Si se examina la historia política reciente, tras la restauración de la democracia y por la alternancia de poder que ha ocurrido hasta ahora, ningún Presidente ha sido funcionario justo antes de ser elegido para el cargo. De esta forma, la interpretación propuesta no responde a un evento negativo del pasado y más aún dejaría prácticamente sin ninguna aplicación la prohibición constitucional, convirtiéndola en una norma inútil, sino banal y siendo así, tendría más sentido eliminarla que mantenerla.

Además, no se ve en qué forma es menos perjudicial la reelección de quien no era previamente un funcionario, de aquel que sí lo era justo antes de ser elegido al cargo de Presidente, como para que ahora se trate de hacer una diferencia entre uno y otro. Al final de cuentas, sale a relucir que en materia de interpretación jurídica, no hay interpretación única y cada quien puede tener su propia visión. Sin embargo, la interpretación tiene que dejar de ser un mero ejercicio lógico, gramatical de tipo formalista, y entender que su objetivo último es permitir aplicar normas vigentes a la realidad y no convertirlas en regulaciones inútiles.

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