EN BUSCA DE UNA ÉTICA PÚBLICA

Reflexiones sobre la Anati: Santander Tristán Donoso

A partir de 2001 se inició en Panamá la modernización de Catastro, a partir de un enfoque técnico-democrático, basado en la necesidad de titular masivamente, como corolario de un ordenamiento territorial. Los hombres y mujeres del Programa Nacional de Administración Tierras (Pronat) asumieron una labor seria, sin banderías partidistas, intereses personales y mezquindades. De ahí se derivó una experiencia –un modelo racional de gestión– que es el producto de un aprendizaje colectivo.

La propuesta requería superar la espontaneidad y el voluntarismo, sustituyéndolo con un proceso de titulación masiva de oficio. Es decir, un proceso obligatorio para legalizar los derechos posesorios, generar los títulos correspondientes y culminar el catastro nacional.

Con ese objetivo se aprobó la Ley 24 de 2006, que declaró de orden público e interés social las actividades de regularización y titulación masiva de tierras. Posteriormente, la Ley 23 de abril de 2009 incorporó las costas, islas, bienes patrimoniales y tierras nacionales, estableciendo una serie de reformas para perfeccionar el proceso de titulación masiva.

El siguiente paso era superar el fraccionamiento institucional. Así surge la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), mediante la Ley 59 de 2010, cuyos vacíos y mala ejecución han provocado una fallida administración, sin experiencia ni visión técnica-democrática, atrapada en los intereses inmobiliarios, económicos y políticos. Los resultados no pueden ser más funestos, sumado al distanciamiento de una auditoría de la sociedad civil organizada y responsable.

Ahora se habla de reformar la ley que dio vida a la Anati, para enfrentar los graves cargos que se le señalan. Sin embargo, se plantean temas que van a enterrar, definitivamente, el sistema de titulación masivo de tierras.

Así, se pide que se incluya el control previo de Contraloría en el procedimiento, lo que implica generar una línea de producción articulada con esa institución. Hace 47 años que la Dirección de Reforma Agraria adjudica tierras sin control previo, sin que se cuestione el procedimiento. Lo cierto es que la Contraloría siempre tendrá el control posterior para identificar casos lesivos a los intereses nacionales.

Otro tema complejo es el precio de adjudicación. Darle un papel protagónico al precio coloca el tema inmobiliario en el debate, desconociendo los criterios de interés social y desarrollo que requiere la titulación masiva. Por ello, los precios deben ser simbólicos y debe establecerse un impuesto adicional de, al menos, 25% sobre la ganancia, en caso de que la tierra sea vendida.

Demás está decir que el tema de los manglares, tierras comarcales y áreas protegidas está excluido de la titulación, lo que guarda relación con las titulaciones de Juan Hombrón.

Finalmente, la Ley 59 de 2010 excluyó la creación del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, que tanta efectividad tuvo en el Pronat. Este vacío debe ser llenado, urgentemente.

En todo caso, una renovada Anati debe basar sus acciones en un conjunto de principios y valores que correspondan a una ética pública, donde los criterios técnicos prevalezcan. La politización de la institución es su muerte, ya que las metas están claramente identificadas y no pueden verse atrapadas por la temporalidad partidista.

Debe existir un canal directo de comunicación entre el director de la institución y el Ejecutivo, a fin de romper estructuras burocráticas que obstaculicen el sistema masivo de titulación. Obviamente, las directrices deben responder al interés del sistema de titulación masivo de tierras y no a intereses personales o partidistas.

Los equipos humanos no deben depender de cartas de recomendación de políticos, sino de un verdadero mecanismo de recursos humanos que elaboren perfiles adecuados a los objetivos del programa. Además, los temas de presupuesto deben ser manejados con eficiencia, austeridad y transparencia, especialmente, porque hay fondos reembolsables con la banca, sujetos a intereses y controles internacionales.

El procedimiento masivo debe estar fundado en principios de legalidad, celeridad, ejercicio posesorio y controles comunitarios expresados en exposiciones públicas. Además, se debe avanzar en la demarcación de los territorios indígenas.

Si estas consideraciones forman parte de la agenda gerencial, podremos enfrentar los traumas de Paitilla sin impunidad, mantener el proceso de ordenamiento territorial y, sobre todo, asegurar la existencia de la Anati como un instrumento del estado de derecho y del desarrollo.

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