JUSTICIA EFECTIVA

Reflexiones sobre el sistema penal acusatorio: Mauricio Sebastián Marín Acosta

El proceso penal nace con la resolución de apertura a juicio oral, propio de le etapa de acusación en el nuevo sistema penal y pareciera que es a partir de esta etapa que deben observarse las garantías fundamentales.

El Código Procesal Penal panameño se adecúa a la tendencia de respeto a los derechos fundamentales, establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, desarrollados en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La reforma procesal responde a las necesidades de un Estado democrático versátil que se adapta al fenómeno de la integración regional, y exige una justicia penal rápida, moderna, efectiva y respetuosa de las garantías fundamentales de los nacionales y extranjeros. Todo esto, con el fin de exaltar la dignidad humana a través de fallos cuyo norte sea la correcta administración de justicia, para evitar sentencias adversas de parte de los tribunales internacionales en la materia, tal y como ocurrió en los casos individuales de Baena Ricardo, Heliodoro Portugal, Tristán Donoso y Vélez Loor, todos contra Panamá.

En estas causas resalta el siguiente mensaje: “Desde el primer acto de investigación los encargados de investigar y juzgar deben observar, respetar y aplicar los derechos humanos”.

Bajo la visión del control convencional, nacido de la jurisprudencia de los tribunales internacionales, y en aras de adecuarse a estos parámetros, la administración de justicia panameña se ha comprometido en reconocer desde el primer acto de la fiscalía, el derecho a la defensa efectiva del investigado para proteger sus derechos, porque en esta etapa son más vulnerables.

Le corresponde al juez de garantías la función de controlar, de manera previa o posterior, los actos de investigación realizados por el Ministerio Público. Asimismo, los fiscales, jueces de juicio oral y magistrados, deben interpretar y aplicar las normas penales conforme a los principios sobre los que reposa; entre ellos, el de presunción de inocencia, derecho de defensa, constitucionalización del proceso, y debido proceso. Para observar la materialización de los principios presento algunos supuestos legales:

1. El artículo 286 del Código establece que, en caso de que a una persona, producto de un acto de investigación preliminar por parte del fiscal o sus cuerpos auxiliares, se le cause perjuicio en su patrimonio o libertad, sin que medie formulación en su contra, podrá acudir ante el juez de garantía para instar la inmediata formulación de imputación. Para ello el juez le dará un plazo de dos días al fiscal para que la presente, y si no lo hace se decretará el archivo de lo actuado.

2. Uno de los primeros actos de investigación del Ministerio Público es el allanamiento, que requiere autorización del juez de garantía. Sin embargo, hay excepciones por motivos de desastre, flagrancia, pérdida de evidencia o si se deriva de un allanamiento anterior. En esos casos el fiscal puede ordenar y ejecutar el allanamiento, sometiéndolo a control posterior del juez de garantía, en un plazo de 48 horas, siendo el efecto jurídico su declaratoria de licitud o ilicitud, y puede decretar también la ilicitud de las evidencias recolectadas en la diligencia y su exclusión del proceso. Con esto se erradica la posibilidad de uso para legalizar la aprehensión, formular imputación, pedir medidas cautelares personales o reales, acusar o en juicio oral.

En conclusión, en el nuevo proceso penal, desde el primer acto de investigación, se deben respetar las garantías fundamentales de las personas, pues el Código Procesal Penal adopta el concepto de control de convencionalidad, lo que es un avance para la administración de justicia panameña.

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