Reflexiones electorales: Carlos Guevara Mann

Voté por primera vez en 1984. Recuerdo haber concurrido a las urnas con gran motivación ya que, como otros miles de panameños, abrigaba la esperanza de que podríamos derrotar al régimen militar y transitar hacia la democracia por la vía electoral. Vana ilusión. La soldadesca comandada por el tirano Noriega y sus adláteres del PRD no tenían la mínima intención de permitirlo. Después de realizar todos los artilugios y triquiñuelas imaginables, inventaron que su candidato –Nicolás Ardito Barletta– había ganado la presidencia de la República por 1713 votos. A los que quieran refrescar la memoria o enterarse de lo sucedido, les recomiendo el libro Así fue el fraude, de Raúl Arias de Para (1984). En el prólogo a dicha obra, el Dr. Ricardo Arias Calderón escribió: “Los 1713 votos que el oficialismo reclama en su favor no representan el estrecho margen de su victoria en una contienda muy reñida; representan, por lo contrario, lo difícil que fue consumar el fraude, a pesar de todos los recursos que se emplearon, debido al muy amplio margen con el que el electorado favoreció a la oposición democrática” (pág. 14). En 1984 fui jurado de mesa, lo mismo que en 1989. Si en 1984 era importante defender el voto contra la rapacidad de los militares y el PRD, en 1989 era absolutamente indispensable. Las elecciones de 1984 desenmascararon al régimen y expusieron a la faz del país su naturaleza abominable. Ya sabíamos cómo era la bestia; había que “ahogarla” en votos, como lo recordaba siempre doña Eufemia Williams, a fin de que no quedara duda alguna de que la ciudadanía no quería la continuidad de la narcodictadura. Y había que cuidar los sufragios emitidos para que el régimen no se los apropiara en favor de su candidato, Carlos Duque, actual presidente vitalicio del PRD. La nómina opositora, encabezada por Guillermo Endara Galimany, recibió, efectivamente, tal cantidad de votos que a la dictadura le fue imposible torcer los resultados a su favor. El huésped privilegiado de El Renacer les ordenó entonces a sus subalternos del Tribunal Electoral que anularan las elecciones. Así fue como ese tribunal –compuesto por Yolanda Pulice, Luis Chen y Aurelio Correa– cerró las puertas a una salida electoral y pacífica a la grave crisis política y económica que atravesaba el país. Quedó claro que un cambio de gobierno solo sería posible por medios violentos, lo que ocurrió en diciembre de 1989, cuando el derrocamiento de la narcodictadura por las fuerzas armadas de Estados Unidos instauró un régimen civil en Panamá. Desde hace dos décadas, este régimen reúne los requisitos normalmente exigidos para ser considerado un sistema democrático. Los panameños, sin embargo, sabemos bien que nuestro sistema político tiene numerosas imperfecciones, muchas de ellas heredadas de la dictadura, ya que –inexplicablemente– los gobiernos que sucedieron a la invasión mantuvieron la vigencia de numerosas disposiciones y prácticas del período autoritario. En consecuencia, han sido la protección y promoción del sistema democrático lo que más me ha animado a participar, como votante, comentarista y/o analista, en las cuatro elecciones generales llevadas a cabo desde entonces (1994, 1999, 2004, 2009). De todos los procesos electorales en que he participado, esta (2014) es la ocasión en que menos entusiasmo he experimentado. El multimillonario gasto electorero me produce repulsión, sobre todo en medio de los desafíos que enfrentan los sectores vulnerables y la multitud de problemas sociales y ambientales por resolver. El bajo nivel intelectual y la situación legal de muchos candidatos a puestos de elección –entre los cuales hay abundancia de cretinos y maleantes y proliferación de delincuentes e ignorantes– genera rechazo. Peor aun, la manifiesta incapacidad de entender y exponer los principales problemas nacionales y proponer soluciones razonables es deprimente. Panamá tiene un grave problema institucional que los candidatos no han sabido enunciar. Mientras los fundamentos organizacionales de la república continúen proviniendo de un andamiaje constitucional y legal emanado de la dictadura militar –andamiaje que promueve el autoritarismo y la corrupción– el sistema político seguirá produciendo pésimos frutos que repugnan a la ciudadanía. Me aproximo al 4 de mayo, entonces, con bastante desaliento. Afortunadamente, quedan todavía 11 días para decidir cuál de los candidatos con posibilidades le haría menos daño a nuestro vapuleado y asediado sistema democrático, el cual, a pesar de sus incoherencias, es preferible a la dictadura.

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