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CAMARONES LEGISLATIVOS

Reformas laborales a escondidas: Ricardo Lachman

Aunque este gobierno ganó las elecciones prometiendo un cambio, nada ha cambiado en cuanto a la manera poco transparente, por decir lo menos, como los gobiernos anteriores han legislado para hacer cambios en la regulación de las relaciones laborales.

Este año, solapadamente, se derogó el artículo 12 de la Ley 8 de 1981, que establecía: “ninguna empresa está obligada a celebrar una convención colectiva de trabajo durante los dos primeros años de operaciones”. El ardid consistió en insertar la norma derogatoria en la Ley 32 de 2011, que no tiene nada que ver con el Derecho Colectivo de Trabajo, sino que establece un régimen especial para las zonas francas, método popularmente conocido como “camarón legislativo”, al que han recurrido, con el mismo fin, gobiernos anteriores de todas las tendencias políticas.

Dicha reforma, a escondidas, nos recuerda cuando el gobierno del general Torrijos puso en vigor el Código de Trabajo, aprovechando la distracción por las fiestas de fin de año en 1972. O cuando, durante el gobierno de Pérez Balladares, también por decreto, se legisló un régimen especial de trabajo para la marina mercante panameña, la más grande del mundo, al final de los carnavales de 1998.

Este año, el gobierno utilizó el método del “camarón legislativo”, agregándole al título de la Ley sobre Zonas Francas, la frase: “Y dicta otras disposiciones”, procurando que la eliminación de un importante derecho pasara desapercibida por los empresarios afectados, quienes tras la derogatoria regresan al sistema que existía en la década de 1970, cuando los nuevos inversionistas y sus recién creadas empresas, estaban obligadas a celebrar convenciones colectivas.

Meses antes de que este gobierno asumiera el poder, el anterior, sin divulgación ni la debida consulta, reformó el Código de Trabajo. También lo hicieron por Decreto, el No. 18 de 20 de mayo de 2010, que estableció: “un empleador no podrá entablar negociaciones con un grupo no organizado de trabajadores para celebrar un acuerdo colectivo de trabajo, cuando exista una organización sindical debidamente constituida en la empresa”.

Esta reforma, producto de presiones de EU para la aprobación del tratado bilateral de libre comercio, atenta contra los esfuerzos que se han hecho para atraer a Panamá a nuevos inversionistas que generan empleo, como los call centers, y otras empresas extranjeras que se han instalado en nuestro país bajo distintos regímenes especiales (Panamá-Pacífico, sedes multinacionales; Ciudad del Saber; Zonas Procesadoras para Exportación, entre otros). Incluso, coarta el derecho que el Código otorga a los empresarios para negociar acuerdos colectivos con grupos no organizados, siempre que cuenten con el respaldo del 30% de los trabajadores, sin restricciones ni favoritismos.

A todo esto, ¿dónde están los gremios para defender sus intereses? Con tantos “camarones legislativos” en su contra, solo cabe recordarle a nuestros empresarios el viejo refrán: “camarón que se duerme, se lo lleva la corriente”.

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