CONSTITUCIÓN NACIONAL

Reformas sin viabilidad: Juan Manuel Castulovich

Los 590 artículos del extenso “preproyecto de Acto Constitucional”, que casi duplica el texto vigente, presentado por la “Comisión Especial de Consulta de las Reformas a la Constitución Política”, el pasado 31 de enero, tres meses después de haber vencido el plazo original, son prueba de que los notables tomaron al pie de la letra y con desbordado entusiasmo “la directriz” presidencial, recibida en el acto de su instalación, de que ellos podían “modificar (entiéndase proponer cambios) la Constitución de la a a la z”.

Cuando apenas se hablaba de su creación, advertí que para arrancar con buen pie, la comisión debía solicitarle al Presidente que propusiera, o mejor, que aclarara cuáles eran las “reformas necesarias” a la Constitución, prometidas como candidato en su “programa de gobierno”, para que les sirvieran como “papel de trabajo”. Nunca lo hicieron y ese grave error inicial ha comprometido la viabilidad del farragoso producto de las deliberaciones de los notables, actualmente estancado en los pasillos de palacio. Nunca he compartido las pretensiones, carentes de sustento conceptual y político, de que Panamá necesita una nueva Constitución. Las constituciones nuevas solo pueden nacer cuando un Estado cambia de manera radical su orientación ideológica y, salvo algunos extremistas que, trasnochadamente, abogan por implantar en Panamá un modelo socialista, nadie más pretende que un buen día nos acostemos capitalistas y al día siguiente amanezcamos con un régimen similar cubano.

Además, y eso conviene recordarlo y recalcarlo, los cambios constitucionales o legales no son los que transforman a los actores políticos ni las actitudes y los valores de las sociedades. En Panamá, antes que sustituir el texto constitucional vigente, por otro que, dicho sea de paso, en muy poco lo altera, conceptualmente, lo que necesitamos es una transformación social, basada en el rescate de los valores cívicos y verdaderamente democráticos; y más conciencia ciudadana para “echar a los fariseos del templo” y escoger mejores dirigentes.

El llamado “proceso reformador”, por haberse iniciado sin una base concreta, siguió por un rumbo equivocado cuando los notables trasladaron a la llamada Concertación Nacional la tarea de recibir, hasta el 31 de agosto, cuantas propuestas quisieran presentarse. Y, como era de esperar, terminó con la elaboración de un farragoso documento, de más de mil propuestas, de las que solo se examinó la mitad; se alcanzó consenso en unas 250; y se terminó por elevarlas, todas, a los comisionados.

Los comisionados, que no pudieron terminar su trabajo para el 31 octubre, se prorrogaron hasta el 31 de enero de 2012, cuando finalmente entregaron al Órgano Ejecutivo el “preproyecto” de Acto Constitucional. Desde entonces, han transcurrido tres meses y todavía el Consejo de Gabinete no ha entrado a analizarlo. Así las cosas, si se confrontan los tiempos disponibles, la concreción del proceso reformador es, como mínimo, de futuro incierto.

Durante la actual legislatura ordinaria, que clausura el 30 de abril próximo, el proyecto de Acto Constitucional no llegará a la Asamblea. Por consiguiente, deberá conocerlo en la legislatura ordinaria de julio a septiembre de 2012. Si fuera aprobado en ese período, lo que es poco probable de mantenerse su desmesurada extensión, que requeriría de una amplia divulgación y consulta previa, la segunda aprobación deberá hacerla la legislatura ordinaria que transcurrirá de enero a abril de 2013.

De acuerdo con el artículo 314 de la Constitución vigente, después de la segunda aprobación por la Asamblea Nacional, el proyecto de Acto Constitucional deberá someterse a un referendo nacional, que solo puede celebrarse transcurridos tres meses, contados a partir de la segunda aprobación por la Asamblea Nacional y, para entonces, ya estaremos en plena campaña electoral.

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