Relator de la Defensoría censura arresto de Zabala

El delegado especial para la Libertad de Expresión de la Defensoría del Pueblo, Ricardo Lombana, expresó su preocupación por el arresto ordenado por el juez décimo séptimo de lo civil, Jorge Isaac Escobar, en contra del comentarista de televisión Carlos Zabala.

Tras alegar irrespeto a la autoridad, el juez civil ordenó el arresto del comentarista de televisión que lo había denunciado por supuesta corrupción, a través de su programa semanal “Cuentas Claras”, transmitido por RCM Televisión.

Escobar, quien maneja los sonados casos de la quiebra de los grupos empresariales Fotokina y Adelag, fundamentó su decisión en el Artículo 33, numeral 1 de la Constitución Política, que faculta a los servidores públicos que ejerzan mando y jurisdicción a arrestar, sin juicio previo, a cualquiera que los ultraje o falte el respeto en el ejercicio de sus funciones o con motivo del desempeño de esas actividades.

A juicio de Lombana, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en su enunciado número 11, establece que los funcionarios están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad, y que las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a un servidor público, generalmente conocidas como leyes de desacato, “atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

“Las leyes de desacato violan el derecho humano a la libertad de expresión, garantizado en numerosos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos”, señaló Lombana, en alusión a informes previos emitidos por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

En 1995, recordó, la CIDH efectuó un análisis de la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana y concluyó que “eran incompatibles”.

Al recomendarse la eliminación de la figura del desacato, no se pretende privar a funcionarios con mando y jurisdicción de la facultad de tomar medidas disciplinarias, siempre y cuando se respete el debido proceso.

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