GOBIERNO

Revalúos vs. políticas urbanas sostenibles: Francisco Bustamante

El avance depredador de los promotores inmobiliarios no cesa. En un ambiente que dice proclamar la economía de mercado, se otorgan incentivos a la industria de la construcción que van desde exoneración de impuestos inmobiliarios, eliminación de aranceles a materiales, tasas de interés subsidiadas, relajamiento de normas ambientales (que degradan humedales y manglares) hasta los cambios de zonificación arbitrarios, inconsultos y solapados, entre muchas otras acciones.

Mientras al sector primario se le exige competir con el mercado externo, y hasta los subsidios FECI a la tasa de interés, mal concebidos y peor aplicados, se le restan para sí, exactamente, financiar gasto público, burocracia y subsidios a viviendas.

El Gobierno, que ha gastado en cuatro años más dinero que los otros gobiernos en los últimos 40, acelera una acometida sobre las propiedades, en su mayoría viviendas familiares de áreas urbanas, mediante un procedimiento de revalúos catastrales, según los “valores de mercado”, llevado a cabo por empresas con intereses en el ramo. Para justificar esto señalan que desde que hace años no se reajustan los valores respectivos a una recaudación muy baja de apenas $30 millones en concepto de impuestos inmobiliarios. Se olvidan las autoridades de que el atraso en la gestión pública es de ellos; que la baja recaudación es consecuencia de políticas de subsidios, mediante exoneraciones a los impuestos inmobiliarios, concedidos por los gobiernos para generar empleo mediante el impulso a la construcción; y de que el cobro de impuestos es responsabilidad de ellos mismos.

Yo veo otras razones para tales revalúos, entre ellas: 1. La adicción al gasto público en una economía cuyo crecimiento se anticipa será menor que en los años anteriores. En lugar de ajustar el gasto, buscan incrementar sus ingresos; 2. Los límites naturales al crecimiento, por el mar y por la cuenca protegida del Canal, así como la pérdida de atractivos de vivir cada día más distante del centro urbano lleva a los depredadores inmobiliarios a enfocarse en habilitar espacios, mediante revalúos y expulsión, vía cobros judiciales, de terrenos ya ocupados por viviendas; 3. La especulación para aumentar el valor de las propiedades por medio de mediciones de mercado que solo se cumplen cuando se realicen ventas. Entretanto, no son más que especulaciones; 4. Reemplazar ingresos que no se pudieron obtener por la venta frustrada de los terrenos en Zona Libre, acciones de empresas públicas, privatización de la administración de servicios de salud, agua, etc.

¿Quiere el Gobierno ser justo por una vez? Entonces, desarrolle una política de crecimiento urbano sostenible, con claros lineamientos de uso territorial de suelos; que las viviendas familiares hasta cierto monto sean exoneradas del impuesto de inmuebles; que sea progresivo, pero bajo, para viviendas, no mansiones, que representan el esfuerzo de años de esfuerzo y ahorro de los ciudadanos. Los inmuebles que no cumplan con estas condiciones, que paguen impuestos adecuados. ¿Se atreverá algún candidato político a hacer suyas estas propuestas?

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