BRÚJULA FORESTAL

Reverdeciendo nuestra economía: Rita Spadafora

Con la derogación, en 2005, de la Ley de Incentivos a la Reforestación promulgada en 1992, la industria forestal panameña perdió una valiosa oportunidad de integrar el sector forestal al desarrollo nacional.

El abuso de los incentivos fiscales establecidos en dicha ley fue la principal razón para su derogación. Con el establecimiento de un sistema de monitoreo integral se hubiera podido ajustar a los miopes actores privados y públicos del sistema sin afectar a los que sí desarrollaban sus actividades de reforestación de manera respetuosa. Como resultado, Panamá ha pasado a ser uno de los países con menor avance en materia forestal en toda América Latina.

Para reactivar ese sector e integrarlo con efectividad al desarrollo sostenible del país, corresponde erradicar algunos mitos y hacer ajustes en el paradigma económico, ambiental y social en las zonas del país con vocación forestal. De esta manera, se podrá reactivar la inversión pública y privada en actividades forestales que incrementen la conservación participativa y el manejo de esos recursos, así como la industrialización, la diversificación y comercialización de sus productos, con tratamiento especial dirigido a empresas forestales comunitarias.

En el plano económico, algunos funcionarios piensan que la única forma de recuperar un incentivo forestal es luego de 15 a 20 años, durante el raleo y el aprovechamiento final. Le corresponde entender a las autoridades que estas actividades, en particular la reforestación, desde su arranque promueve la generación de empleo en las áreas rurales y el pago de impuestos (seguro social, renta, educativo, transferencia de inmueble e ITBMS). Además, la actividad moviliza la cadena de proveedores de servicios e insumos.

Esto es particularmente importante para Panamá, dado el abandono del sector rural en los últimos cinco años, cuando la mayor parte de la inversión del Gobierno se enfocó en grandes obras de infraestructura en la ciudad capital.

En el plano ambiental, hay que promover las oportunidades y embarcarse en proyectos de financiación mixta para propagar las especies nativas con fines de enriquecimiento, acelerar la regeneración natural en servidumbres ecológicas desnudas o degradadas y proteger la biodiversidad. Para recuperar las cuencas, se requiere proteger o restablecer los bosques de galería. Solo cumpliendo con esta regulación se reforestarían miles de hectáreas y se reduciría la vulnerabilidad ante las variaciones del clima.

Asimismo, le corresponde a las autoridades apoyar y ampliar el manejo sostenible de los bosques naturales, no solo viéndolos como proveedores de madera, sino aplicando iniciativas para hacerlos más cercanos, de forma que se facilite su inserción en la economía nacional o que dejen de ser vistos solo como tierras ociosas. Por ejemplo, en el marco del proyecto del Grupo Internacional de Cooperación sobre Biodiversidad (ICBG, por sus siglas en inglés) se avanza en interesantes estudios sobre los compuestos antibacterianos en el pelaje del perezoso para combatir enfermedades tropicales tales como malaria, el mal de Chagas y la leishmaniasis.

En el plano social, la promoción de actividades forestales, tanto la reforestación como el manejo de los bosques naturales, como medio de desarrollo humano, facilita la ocupación productiva de comunidades rurales y pueblos originarios. Esto es particularmente importante a la luz del masivo abandono del campo por parte de los jóvenes, como resultado de las actuales políticas públicas centralistas.

Una inyección económica en actividades forestales también ayudaría a reducir la brecha de inequidad y disparidad en el índice de desarrollo humano en Panamá, especialmente en las comarcas indígenas en donde aún quedan bosques que manejar y proteger.

A pesar de que se ha perdido la brújula forestal, no es tarde aún para enmendar el rumbo. Los próximos cinco años serán cruciales para reorientarse hacia el desarrollo sostenible, permitiendo que la gestión ambiental se vincule estrechamente con un crecimiento económico sólido y con una equidad social y cultural que permita elevar los niveles de calidad de vida de la mano de mayor productividad para todo el país.

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