JUSTICIA Y DEMOCRACIA

Rol de la prensa independiente: Franklin Castrellón

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El papel de la prensa independiente y el imperio de la ley, lo que los anglosajones denominan the rule of law, son factores clave en una democracia funcional. Nadie puede ignorar el papel que jugó el diario La Prensa en la lucha para rescatar la democracia. La credibilidad que alcanzó en la opinión pública durante aquellos años de la dictadura no fue un logro gratuito; fue el premio ganado a fuerza de sacrificio, carcelazos y exilios de sus fundadores y periodistas, y al apego a los principios fundamentales del periodismo.

Y es que la credibilidad es el don más preciado al que puede aspirar un periodista y un medio de comunicación. Durante la crisis institucional impulsada por el pasado gobierno, una encuesta de opinión realizada en abril de 2013 reveló que el 72% de la población tenía una imagen positiva del periodismo. Esa credibilidad –solo comparable a la que disfruta la Iglesia católica– se fortaleció mientras la del sistema de justicia, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo decaía a niveles críticos.

La razón descansa en el hecho de que mientras las instituciones públicas (excluimos al Tribunal Electoral) cayeron en manos de quienes privilegian a toda costa el beneficio personal, la prensa independiente sustituyó, con eficacia, a un sistema judicial omiso en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales. Y desvela, con frecuencia casi diaria, escándalos de corrupción en que incurrieron funcionarios del pasado gobierno. La gestión periodística suele arrojar indicios de actividad delictiva, pero le corresponde al Ministerio Público hacer las investigaciones pertinentes. Una vez captadas las pruebas por esa vía, debe llevar ante la justicia a quienes han abusado del poder para enriquecerse.

Frente a las abrumadoras evidencias señaladas y las que, de seguro, surgirán en los próximos meses, los antiguos funcionarios arman una estrategia para mantener la impunidad y poder escapar al brazo de la justicia. La más inmediata es la de reeditar la compra de diputados para evitar que la Asamblea elija a un contralor íntegro comprometido con la lucha contra la corrupción, y para neutralizar el juicio al exmagistrado Alejandro Moncada Luna. Como en el pasado, la principal fuente de tránsfugas seguirá siendo el Partido Revolucionario Democrático, cuya dirigencia vive no solo a espaldas de la aspiración nacional de que se castigue a los corruptos, sino de la gran mayoría de sus miembros.

Otra de las estrategias es integrar a los medios de comunicación de miembros del pasado gobierno para, a través de analistas y periodistas “independientes”, descalificar a los que denuncian hechos de corrupción de la administración precedente. Ya hemos presenciado algunos ejercicios; el primero, atacar la credibilidad de la corresponsal de La Prensa, en Italia, que cubre los casos de corrupción internacional en los tribunales de Roma y Nápoles, y que involucran a exfuncionarios del pasado gobierno. Para ello utilizaron al director regional de una agencia noticiosa que, pretendiendo nadar en dos aguas, no se dio cuenta que del otro lado no había agua. Gracias a una aclaración desde la sede de la agencia, el prestigio de La Prensa quedó inmaculado.

Durante la pasada campaña electoral, ese mismo grupo mediático intentó dañar la reputación del entonces candidato presidencial Juan C. Varela, manipulando información filtrada desde la Unidad de Análisis Financiero, pero una vez aclarado el asunto, el intento les estalló en la cara, con los resultados electorales ya conocidos. En este esfuerzo, los activistas de Cambio Democrático cuentan con el apoyo de colaboracionistas, quienes seguirán lanzando críticas al proceso que se sigue a Moncada Luna y apoyando la designación de un contralor y un procurador “potables”. El guión manido de estos defensores de la impunidad es “presenten las pruebas”, como si las coimas y pagos bajo la mesa se documentaran. ¿O piensan estos tarados morales que el juez o magistrado corrupto extenderá un recibo al comprador de un fallo?

La sociedad civil, los grupos populares y los ciudadanos que luchan por el adecentamiento de la política, la vigencia de una auténtica democracia y el imperio de la ley, deben estar atentos para frustrar a los defensores del statu quo. Si la Asamblea Nacional fracasa en esta prueba histórica y sucumbe a intereses creados, solo queda la alternativa de luchar por su disolución. Podríamos comenzar por una encuesta de opinión ciudadana que explore tal posibilidad en un órgano plagado de cáncer. Este sería el principio de la reconstrucción del Estado nacional. Otros países lo han hecho con éxito. Por ejemplo, Letonia en 2011, gracias al voto del 95% del electorado, y Ecuador, en 2007 vía una asamblea constituyente. ¿Por qué no podríamos hacerlo los panameños a través de un plebiscito?

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