DEMANDA DE JUSTICIA

Romper la pausa: Berna Calvit

Desde noviembre de 2015 no escribí sobre los casos de corrupción en los que el actor principal, el eje central, el “padrino”, es el expresidente Ricardo Martinelli. Decidí darle vacaciones a sus chanchullos y ocuparme del zika, de la Autoridad del Canal de Panamá, de la niñez perdida, los culecos, etcétera; no hacía falta, de Martinelli y sus secuaces se ocupan ampliamente los medios y los ciudadanos que mantienen en el candelero las noticias sobre una podredumbre nunca antes vista; todos los gobiernos, incluso los anteriores a la infame invasión del 20 de diciembre de 1989 fueron manchados por hechos de corrupción. Pero ninguno alcanzó las “godzillescas” proporciones de rapiña que en apenas cinco años sumó y multiplicó casi infinitamente un bien montado esquema para no dejar institución gubernamental a salvo de los negocios sucios. ¿Qué tal si hubieran ganado? Da escalofríos pensarlo. Fue el batallón de abogados del expresidente el que me llevó a romper la pausa en la que había puesto al verdugo mayor de la honestidad. Tengo claro que a los abogados se les paga para trabajar a favor de su cliente; en cierta forma me alegra que a Martinelli le estén costando varios millones –andan por allí los honorarios de costosos abogados de primera categoría y alguno que otro no tanto, pero sí con capacidad para mucha bulla y blablá– aunque sepa que mucho de ese dinero salió de nuestro bolsillo. Algo consuela que un “pringuín” regresará a las arcas del Estado cuando los abogados hagan la declaración de renta y paguen impuestos sobre sus ingresos.

Al enterarme de que la solicitud de nulidad absoluta a lo actuado por el fiscal Oydén Ortega es sobre el caso de la comida deshidratada (La Prensa 3/3/2016), para mí el más inmoral, miserable e infame de los “negocios” cocinados con el Programa de Asistencia Social, sentí ira, como si me hubieran abofeteado; como si no importaran los niños que recibieron una comida que no quisieron comer ni los cerdos a quienes se la arrojaron. Según los abogados de la defensa, se “transgredió” un artículo del Código Procesal Penal al haber solicitado información sobre más de 50 cuentas bancarias “sin autorización previa del juez de garantías, Jerónimo Mejía”. Ya leí dos opiniones legales que refutan el argumento. Pero es entendible que ganar tiempo y seguir intentando que por alguno de los agujeros de la ley logre escurrirse impune su cliente, sea afán de los defensores. Una de mis neuronas, la maliciosa, me dice que la más de una docena de recursos presentados por la defensa tienen como fin desgastar el interés ciudadano para que todo quede convertido en “periódico de ayer”, ganarle por cansancio a las autoridades judiciales que, por cierto, no tienen recursos para agilizar estos y otros casos. Pero esta vez no dará resultado confiar en nuestra desmemoria colectiva, ni en el burdo truco que tantas veces ha funcionado, tapar un escándalo con otro para que se olvide el anterior.

El nutrido equipo de abogados debe defender a su cliente en complicados casos de pinchazos telefónicos y cibernéticos, Financial Pacific/Petaquilla, Cobranzas del Istmo, Finmeccanica, indultos ilegales, Bahía Honda, Proyecto Riego de Tonosí, compra de granos, ¡y hasta Figali lo está acusando! Así que a menos que lo traigan “por la relinga”, tendrá que seguir en su paraíso miamense (que seguramente ya dejó de parecerlo). Confío en que las investigaciones revelen todo sobre los recursos del Estado al servicio de los candidatos de Cambio Democrático; de partidos e instituciones beneficiadas por el Ejecutivo (becas, visas, equipo musical, mochilas, call center, etc.); y que también entren “en la colada”, los de oposición que se beneficiaron haciéndole el juego al Ejecutivo. Los comerciantes, familiares y amigos allegados al mandamás Martinelli, que están como él fuera del territorio nacional también deben pasar al ajuste de cuentas con la justicia.

Hay quienes, con el obvio interés de que estos actos de corrupción queden impunes, recomiendan “pasar la página”, no seguir hurgando, que el país necesita paz y ocuparse más del progreso; que ya no se trata de justicia sino de venganza. Tal vez sea cierto que entre actores en bandos contrarios hay el malsano deseo de venganza. Pero no es el sentimiento que predomina en la ciudadanía; queremos que se castigue al culpable y se absuelva al inocente; castigo para homicidas, narcotraficantes, pedófilos, etc., pero también para el delincuente que roba millones desde su escritorio. Si no es así, la impunidad será el mensaje fatal. El progreso, el bienestar y la estabilidad social, la autoestima ciudadana y la fe en sus gobernantes necesitan la certeza de que se combate la corrupción, que no se permite esquilmar al pueblo. No tienen autoridad moral para criticar los que antes saquearon el erario; ni son convincentes los que ahora se declaran inocentes porque “no sabía, solo seguíórdenes, eso no me correspondía a mí, lo aprobó la contralora…”. Aunque parezca extraño, agradezco a Rafael Guardia haber aceptado su culpabilidad “dando la cara” y por su colaboración con las autoridades. El presidente Varela tiene en sus manos romper este ciclo que se repite cada quinquenio. Como dijo la cantante estadounidense Joan Báez (de mis tiempos): “Si no peleas para acabar contra la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella”.

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