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La importancia de la Sala Tercera: Carlos Gasnell Acuña

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La importancia de la Sala Tercera: Carlos Gasnell Acuña

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, a diferencia de la Primera y la Segunda (no vamos a contar la Cuarta, que se compone de los presidentes de las otras dos), requiere de una especial atención y seguimiento por parte de la ciudadanía. No es que sea más importante que las demás, pero tiene una naturaleza distinta que nos involucra a todos, porque es la que controla el abuso del poder público.

La Constitución Nacional señala que la jurisdicción contencioso administrativa recaerá en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esto ha sido interpretado –con lo que no concuerdo– en el sentido de que tres magistrados –los que componen la Sala Tercera– son los únicos competentes para conocer las demandas que presenten los particulares contra los actos o decisiones de las diferentes instituciones públicas del país. En la actualidad, esta Sala es también el tribunal de última instancia en materia laboral.

De este modo, la Sala Tercera conoce los recursos que se presenten contra las decisiones de la administración (entre ellas sanciones); las normas con rango inferior a la ley que puedan ser ilegales; los contratos públicos, supuestamente ilegales, cuando una institución del Estado actúa sin procedimiento previo (acción material); las indemnizaciones por mal funcionamiento de los servicios públicos, cuando una entidad violenta los derechos humanos; decide si la negativa de refrendar un contrato o un pago por parte de la Contraloría es legal o ilegal, función muy importante ahora que se debaten estos temas en la opinión pública; puede suspender la construcción de una obra pública o declarar ilegal una construcción en área protegida; y declarar nula la orden arbitraria de algún funcionario, entre otras medidas.

No obstante lo anterior, debo aclarar y reiterar que su misión no es castigar al poder público, sino controlar sus excesos y abusos, procurando que su actuar siempre esté dentro del marco de las normas y principios que regulan la administración pública. En otras palabras, se trata de una sala que concentra muchas competencias y, por ende, un poder tremendo que tiene como misión debatirse constantemente entre el interés público y el de los ciudadanos que pudieran resultar afectados por una decisión. Dicho todo esto y tomando en cuenta que hay dos vacantes en esta sala que deben ser llenadas muy pronto, lo responsable por parte del Gobierno es que haya un proceso de consulta –tal como se prometió en campaña– que le permita al Ejecutivo adoptar la mejor decisión en la designación de dos magistrados (as) que requieren un perfil muy especial.

Ensayaré uno, sin ser exhaustivo: un abogado o abogada –ojalá lo segundo ante la falta de equidad de género en la CSJ– que tenga conocimientos profundos y demostrados sobre administración pública o derecho administrativo; con una una trayectoria en la que se haya destacado por su honestidad e independencia de criterio; que no se encuentre inscrito (a) en ningún partido político; que no haya sido condenado (a) por delitos contra la administración pública, ni tenga procesos abiertos, ni haya sido sancionado (a) por el Tribunal de Ética del Colegio Nacional de Abogados, y por último, que se trate de una persona con profunda vocación de servicio público, dispuesta a contribuir a la transformación de un sistema que descansa en una legislación de 1943, con una sola modificación en el año de 1946.

¿Hay abogados y abogadas en Panamá con este perfil? Estoy seguro de que sí, y la forma de verificarlo es a través de procesos realmente participativos, con tiempo suficiente para que la ciudadanía opine sobre los candidatos, lo que permitiría que el Presidente de la República hiciera un mejor uso de la discrecionalidad que le otorga la Constitución Nacional.

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