ECONOMÍA

Salario mínimo contra inflación: Joanna Villarreal

El artículo No. 172 del Código de Trabajo establece que todo trabajador tiene derecho a percibir un salario mínimo que cubra las necesidades del hogar, en el orden material, moral y cultural, monto que se fijará periódicamente para mejorar su nivel de vida. ¿Se ha cumplido este objetivo?

Durante la administración del actual gobierno se aplicó un aumento del 26% en el año 2010, y otro de entre un 15% y 18%, en 2012. Ahora se analiza otro que entraría a regir el 1 de enero de 2014. Como consecuencia de esto, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, en los últimos tres años el costo de la canasta básica se incrementó en casi $35.00. Y de acuerdo con la Contraloría General la inflación, hasta junio de este año, alcanzó un 4.1%.

El último ajuste que empezó a regir en el año 2012 fijó el salario mínimo en $432 dólares para la zona 2, y en $490 dólares en la zona 1. En esta ocasión el anuncio de otro aumento generó reacciones de las partes involucradas. Los trabajadores sostienen que han perdido poder adquisitivo en los últimos años, y muchos ciudadanos piensan que un incremento representa un alivio para sus bolsillos. Lo cierto es que tiene un efecto negativo en la economía. Por esa razón, los trabajadores organizados solicitaron al Ejecutivo, a través de la Comisión de Salario Mínimo que, además de ese ajuste, se realice un aumento general de sueldos y se congele el precio de los productos y servicios para evitar trasladar el nuevo costo al consumidor.

Sin embargo, esta medida es difícil de poner en práctica, pues se tendría que establecer un control de precios en el mercado, lo que está comprobado va en contra de la libre oferta y demanda y afecta a los consumidores, provocando la escasez de productos.

Los empresarios admiten que es justo el incremento para compensar la disminución del poder adquisitivo a consecuencia de la inflación, pero ellos aspiran a que sea acorde a una mayor productividad por parte del trabajador.

Los gremios empresariales están convencidos de que la medida, a su vez, encarecerá el precio de los productos y servicios, al verse obligados a trasladar ese sobrecosto a los consumidores o incluso, reducir planillas al no poder asumir el mayor costo de la mano de obra.

Al respecto, la Comisión Nacional de Salario Mínimo expresó que se han adoptado estrategias para minimizar los efectos negativos. Los economistas también se han pronunciado y afirman que es inminente un alza de la inflación. Durante las negociaciones, los trabajadores propusieron ajustes de entre el 50% y 60%, y los empresarios de un 10%. Estos sectores no lograron ponerse de acuerdo y le corresponderá al Gobierno fijar el monto.

Tras conocer las opiniones de los diversos actores, concluyo que la medida no beneficiará al país, al contrario, generará un alza inminente en el costo de la vida y en el desempleo. En consecuencia, a los trabajadores que lucharon por este aumento, pensando en ser beneficiados, les alcanzará a duras penas para cubrir el incremento del costo de la vida, y los empleados a los que no se les aumentó, sentirán que su poder adquisitivo disminuye aún más. Es necesario actuar con cautela. Hay que procurar que no se afecte el poder adquisitivo de las personas cuyos salarios no reciben ajustes, como los jubilados, los trabajadores informales y los empleados en general, porque ellos solo percibirán el encarecimiento de la comida y los servicios. La alternativa sería bajar el precio de la canasta básica, antes que aumentar el salario mínimo. Esto sí beneficiaría a toda la población, porque su actual salario le rendiría más.

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