EL MALCONTENTO

Seguridad y (falta de) transparencia: Paco Gómez Nadal

Seguridad y (falta de) transparencia: Paco Gómez Nadal Seguridad y (falta de) transparencia: Paco Gómez Nadal
Seguridad y (falta de) transparencia: Paco Gómez Nadal

Martín Torrijos y Ricardo Martinelli –de forma combinada, pero quiero pensar que no coordinada– nos dejaron un regalo envenenado. Es cierto que el paquete empezó a armarse mucho antes: durante el régimen de Noriega y en la opaca transición a la democracia tutelada (controlada). El regalo es un sistema de seguridad pública tan opaco como contradictorio, tan arbitrario como ineficaz, tan costoso como peligroso.

Fue Martín Torrijos el que, poco antes de abandonar el Palacio de las Garzas (agosto de 2008), y utilizando el arbitrario mecanismo del decreto ley, creó el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), concentrando así el poder de dos instituciones en una, y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). Ambas instancias policiales son, en realidad, militares, en un país cuya Constitución, en su artículo 305, explicita que no tiene Ejército. Nadie que se haya topado con sus agentes dudará de mi afirmación. Sus uniformes, sus jerarquías, su actitud e, incluso, su comunicación pública es la de militares, no la de policías. Las Policías se encargan de mantener el orden público y garantizar el ejercicio de los derechos políticos y civiles. Los Ejércitos existen, en teoría, para proteger a las naciones de las agresiones exteriores. No parece que Panamá esté en riesgo de conflicto armado con Costa Rica o Colombia, por tanto, el Senafront y en cierta medida el Senan son unidades militares para control interno. Se perpetúa así, la vieja doctrina de la Seguridad Nacional implantada en la región por Estados Unidos y que pone las armas a luchar contra el denominado como “enemigo interno”.

El funcionamiento de la fuerza pública panameña es opaco en todas sus instancias. Sabemos de algunos alijos de droga, de aquellas detenciones espectaculares, de alguno que otro enredo de corrupción, pero no tenemos ni idea de lo que realmente hacen. En el país donde hay más policías por habitante en la región, las unidades policiales son virreinatos autónomos.

Lo que Torrijos creó, Martinelli y Mulino lo convirtieron en un monstruo a punta de millonarias inversiones y carta blanca de actuación. El Senafront ha convertido Darién en una provincia imperial manejada al antojo por sus oficiales, y el Senan controla unas bases pagadas por Estados Unidos de las que casi nada sabemos, excepto que, para escándalo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la propia Defensoría del Pueblo, sirven de centros de detención y aislamiento.

Desde que a finales de 2009 Mulino inaugurara la primera de estas bases aeronavales de las que casi nada sabemos, el narco no ha cedido, sino que ha aumentado su presencia en el país de forma exponencial. Lo que antes era un submundo, ahora aflora a la vida pública: sicarios matando en centros comerciales, grandes operaciones de blanqueo de dinero, una autopista de lanchas cargadas de coca surcando las aguas territoriales.

A finales de febrero de este año 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió unas medidas cautelares para seis detenidos en la base aeronaval de la isla Punta Coco, en Las Perlas, y para un defensor de derechos humanos. Los seis detenidos cobijados por la medida fueron trasladados a finales de marzo a la Gran Joya, con el consiguiente enfado del presidente Varela, que no soporta que le recuerden los problemas de Panamá. Pero en el autodenominado como “centro transitorio” seguían otros dos detenidos que tuvieron la mala suerte de no figurar en la resolución de la CIDH.

Varela tuvo que ser reprendido internacionalmente para hacer algo, aunque se niegue a cerrar ese centro de detención del siglo XIX. No le sirvieron los informes de la Defensoría del Pueblo, esa institución tan anecdótica como ninguneada. Tampoco ha hecho nada por reparar las violaciones de derechos humanos producidas durante el gobierno de Martinelli –el que fuera su presidente– y mucho menos ha hecho para garantizar la “no repetición” en el futuro de actos como los de Colón, San Félix o Changuinola. Ninguna acción para reducir el poder de los agentes policiales; ninguna reforma de fondo en Migración para democratizar su funcionamiento.

La transparencia en la gestión pública (y la Policía es una institución pública) no solo es necesaria para evitar la corrupción sino, ante todo, para democratizar al Estado. En este momento, los panameños saben menos de su fuerza pública que de su deuda externa. Esta ausencia de información y esta manía de no rendir cuentas no es fruto de la negligencia, sino de la intención de utilizar a los uniformados de forma arbitraria e interesada. Peligrosa realidad.

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