UNIVERSIDAD MARÍTIMA

Sistema electoral clientelista: Franklin Castrellón

Las elecciones del rector y los decanos de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) han sido objeto de cuestionamientos por aspirantes que consideran que el proceso es manipulado por quienes aspiran a mantenerse al frente de ese centro de estudios. La UMIP fue creada mediante la Ley No. 40 de 2005 como respuesta a la necesidad de capital humano del sector marítimo y logístico de Panamá. Sus promotores intentaron diseñar un modelo al nivel académico de los más altos estándares internacionales, no solo en su capacidad académica sino en la administración.

La UMIP ha sido dirigida por su rector fundador, Orlando Allard, y dos rectores encargados: Luis R. Fábrega, hoy día magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y Víctor Luna. Lamentablemente, la Universidad Marítima ha perdido su norte y se ha quedado rezagada en comparación con el creciente desarrollo marítimo y logístico del país. El 8 de noviembre de 2012 se aprobó su ley orgánica, que creó el Consejo Superior, presidido por la ministra de Educación, como su “máximo órgano de consulta y decisión”.

Asimismo, el Estatuto Orgánico, reformado por la Resolución No. 004-13 del 4 de junio de 2013, reconoce al Consejo Superior como “el órgano superior de decisión de la UMIP” (Art. 21). Además de la ministra de Educación, el Consejo lo integran los administradores de la ACP y AMP; los presidentes de la Asociación Panameña de Oficiales de Marina y la Asociación Panameña de Derecho Marítimo; la Cámara Marítima de Panamá; el director de la Ciudad del Saber y la contralora general de la República.

Si bien el Consejo Superior fue un acierto, como quiera que las reformas fueron impulsadas por gente sin formación ni experiencia marítima, la UMIP fue despojada de su vínculo con la industria, incluyendo a los actores del sector marítimo local. En realidad las reformas estuvieron inspiradas en el propósito de consolidar el control sobre ese centro académico, olvidando que debe ser un elemento clave de la estrategia marítima.

Creado el marco legal y regulatorio propicio para que las actuales autoridades mantengan el control sobre la UMIP, bajo el pasado gobierno el Consejo Superior autorizó la celebración de elecciones del rector y los decanos. En virtud de ese mandato, se designó un Comité Electoral que ha sido acusado de irregularidades y parcialización a favor de la reelección del actual rector. Frente a los indicios de favoritismo, sabiamente, la ministra de Educación reunió al Consejo el 19 de septiembre de 2014, y este decidió por unanimidad dejar sin efecto la solicitud de convocatoria a elecciones que hiciera el Consejo Superior el 22 de abril de 2014, e integrar un comité especial para hacer los ajustes necesarios a fin de garantizar la más amplia participación de candidatos calificados y escoger al mejor.

El Comité Electoral se ha negado a aceptar la decisión del Consejo Superior, alegando que fue una “sugerencia” e invocando principios de “autonomía universitaria”, como si el Consejo actuase al margen de la ley y el estatuto universitario. La autonomía que la ley otorga a la UMIP es comparable a la que tiene la ACP por Constitución y su ley orgánica. En el caso de la ACP el órgano superior de gobierno es su junta directiva, y en el caso de la UMIP lo es su consejo superior, que tiene entre sus funciones (Art. 13) la de “separar, suspender y destituir de su cargo al rector por las causas y en la forme que determine la presente ley y el estatuto orgánico”.

El problema, a mi juicio, es que la UMIP ha replicado el sistema electoral de la Universidad de Panamá, con un pésimo historial de clientelismo, favoritismo y prácticas que rayan en la corrupción. En las universidades de prestigio (incluidas las Ivy League de Estados Unidos), los rectores no son designados por administrativos, docentes y estudiantes. Lo hacen juntas de síndicos o gobernadores; tal es el caso de las cinco principales universidades marítimas de Estados Unidos. Los alumnos se dedican a estudiar e investigar; los docentes, a enseñar, y los administrativos, a administrar.

En el caso que nos ocupa, invita a la sospecha el hecho de que varios de los mejores candidatos fueron descalificados. Irónicamente, uno de los rechazados fue calificado para rector de la Universidad Marítima Mundial y otro es autor de nueve libros sobre negocio y transporte marítimo, principios de inspección de buques y administración de la seguridad en esas operaciones, entre otros. Desde mi perspectiva, el Consejo Superior tiene en sus manos tanto la solución inmediata como a más largo plazo. Lo ideal, la solución a largo plazo, es dejar la función de elegir al rector a un cuerpo colegiado de alto nivel similar al que opera en las mejores universidades del mundo.

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