EJEMPLO ESPAÑOL

Sobrecostos, el efecto Titanic: Luis Pereira

A raíz del conflicto en la ampliación del Canal de Panamá salió a relucir un concepto que durante los últimos años aparece con cierta insistencia en cuanto a la contratación pública: el sobrecosto. Por algún motivo, siempre que se habla de esto se presume la existencia de una acción ilegal.

Ese podría ser el caso en algunas ocasiones, pero no se puede afirmar que la conclusión sea válida siempre. Sin embargo, no quiere decir que el asunto deba quedar allí. Se trata de la inconveniencia que supone la existencia de obras con sobrecostos en el principio de eficiencia de la administración pública y del manejo del erario estatal.

Leí un aporte del profesor Juan José Ganuza, docente de economía en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en un blog llamado Nada es gratis, en el que expuso una interesante perspectiva española sobre el problema, también, a la luz del conflicto entre el Canal y Sacyr, indagando si era una costumbre de las empresas españolas que concursaban en contrataciones públicas ofertar por debajo del costo y, una vez obtenido el contrato, negociar adendas. La historia sirve de lección valiosa.

El profesor señalaba que en su tesis doctoral estimó que para 1994, el 77% de las obras públicas contratadas por el Estado español, presentaban costos por encima del precio original, fijado al momento de adjudicar el contrato. Posteriormente, aportaba una nota de El País, con fecha de 26 de agosto de 2011, titulada: Las obras públicas, a su precio justo, en la que una funcionaria del Ministerio de Fomento (equivalente a Obras Públicas) declaró que, desde 1996, el 98% de los contratos firmados por el gobierno central había sufrido adendas, a lo que añadía: “Es cierto que hay hechos que no se pueden prever, como encontrarse con un yacimiento arqueológico, pero se ha convertido en una práctica habitual y eso no puede ser. Cuando en Europa hablas de la cultura de modificados que hay en España, no se lo pueden creer”.

En este sentido, el catedrático coincide con la existencia de un problema “idiosincrático” que se diferencia mucho de la situación en el resto de Europa y que llevaba a evitar que empresas de otros países compitieran en las contrataciones españolas. Es decir, durante años en la administración pública las adendas eran la norma general. Sin embargo, el asunto no quedaba en la frecuencia de estas, sino en la cuantía de los montos. Recientemente, el periódico digital eldiario.es publicó un listado de nueve obras públicas con elevados sobrecostos, entre las que figuraban cinco de España. Se trataba de proyectos millonarios que en algunos casos presentaban incrementos de más del 500% del precio original. El más notable es el de los trabajos de soterramiento en Madrid, que se calcula pasaron de un costo original de 2 mil 313 millones de dólares a 14 mil 164 millones de dólares, un aumento de 512% del precio original. Si a esto se suman los numerosos casos de corrupción que han surgido, a nadie le sorprenderá la profunda crisis fiscal que vive el país ibérico.

No fue hasta que estalló la crisis cuando se vio que esa situación era insostenible y se realizó una importante reforma a las normas de contratación pública, con la polémica Ley de Economía Sostenible impulsada en las postrimerías del gobierno de Zapatero, y recogida actualmente en el Real Decreto Legislativo 3/2011, texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. En ella se señala que las adendas (“modificados”) solo pueden ascender en total al 10% del valor original del contrato y que, en caso contrario, se configura una alteración de las condiciones esenciales del contrato (Art. 107), debiéndose resolver este (Art. 223) y llamar a una nueva licitación.

Volviendo al punto original, nadie en España ha dicho que esos sobrecostos eran ilegales, pero la realidad es que tal situación era inconveniente e insostenible para la buena marcha de la administración pública, de allí la razón de la reforma legislativa. Lo lamentable es que este cambio venga cuando el problema explota, haciendo que el derecho siempre vaya detrás del problema, y no como un mecanismo para evitarlo. Este relato tiene algo de utilidad en Panamá porque hay situaciones con cierto paralelismo, debido a las numerosas reformas a la ley de contrataciones, lo que preocupa. Véase que esto no es un espejismo, como parte de la implementación del TPC, Estados Unidos exigió cambios a dicha legislación, aprobadas por la Ley 62 de 2012.

Ante ejemplos como el de España, es pertinente advertir el peligro de que los sobrecostos se conviertan en algo usual, porque todos los gobiernos (no solo el de Panamá) quieren hacer megaproyectos al costo que sea, a fin de ganar al electorado. Mientras tanto, todo es alegría, pero cuando las cosas se vienen a pique, inesperadamente, como el Titanic, no hay forma de solucionar el problema y ¡sálvese quien pueda! Como siempre, mejor es prevenir que lamentar.

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