REFLEXIONES

Sociedad civil y participación ciudadana: Gino Osellame R.

Ser candidato político en Panamá, es una tarea no muy compleja. Existe por naturaleza social, una complicidad entre estos y aquellos quienes componen el padrón electoral. A los primeros les basta prometer desenfrenadamente la solución de problemas nacionales, locales y hasta de política exterior, mientras que los segundos, si bien, no se comen el cuento, por lo menos votan por el que creen ha demostrado ser el mejor de los pésimos.

Maurice Joly hace algo más de 150 años, en su Diálogo en el Infierno, le dio prosa a la voz de Macchiavello para que este advirtiera a su oyente, que “en todos los tiempos los pueblos al igual que los hombres se han contentado con las palabras”.

Los problemas de Panamá como Estado, han sido históricamente los mismos, dentro del período conocido como republicano o quizás desde mucho antes, veamos: desinterés por la educación pública, mala distribución de las riquezas, inseguridad, daño ambiental, escasez de agua potable, deficiencias en salud pública, políticas erráticas en materia financiera, presupuesto y deuda, falta de voluntad política en gestión pública, corrupción y la perpetua pobreza.

No hay que llamarse a engaños, los partidos políticos en democracia, tienen como objetivo fundamental servir como instrumentos de representación social, para que un grupo de personas con diversas afinidades, alcance el poder político; para usarlo, usufructuarlo y recibir los beneficios que este rinde. Más abajo quedan las necesidades e intereses ordinarios de una sociedad tercermundista y disfuncional a los principios democráticos, que hemos heredado de modelos eurocéntricos y norteamericanos.

Nuestra representación limitada a partidos políticos, consignada en el artículo primero de la Constitución Política y diversas normas electorales, ha ido perdiendo espacio en la práctica, incluso entre las masas inscritas y simpatizantes de dichas organizaciones. Así lo demostró el último proceso electoral, en el que el partido con más miembros inscritos no logró subir del tercer escaño, y el partido que mejor debió atar a sus miembros, mediante su ideología, fue borrado como opción electoral por formulismos jurídico–electorales.

Ahora bien, sin el ánimo de prescindir de los partidos políticos, las exigencias del sistema democrático contemporáneo constriñen a los miembros de la sociedad, para que se empoderen de sus derechos y tomen el timón que dirigirá su forma de participación ciudadana, y logren ser menos dependientes de los instrumentos orgánicos creados comúnmente para el ejercicio de los derechos políticos del conglomerado, en su único afán de obtener el poder.

En este sentido, la llamada sociedad civil, alejándose de su concepción abstracta y casi ambigua, ha de construir y exigir el reconocimiento de nuevos canales de participación, siendo la reacción coyuntural frente a la tradicional participación interna y vertical, propia de los quísticos partidos políticos conocidos, y su manifiesta ineficiencia e ineficacia para resolver los problemas históricos nacionales.

El pensador francés Michel Foucault, en sus estudios críticos de las instituciones sociales y sobre la sociedad civil, en general, advertía que esta se trata de una militancia que encara dificultades y problemas concretos, cuya característica fundamental es que no trate de aferrarse al poder, ya que sus acciones surgen de las prácticas sociales mismas, sin que se constituya en una vanguardia iluminada que trate de imponer su ideología como única receta aplicable a los problemas sociales.

La participación organizada del ciudadano es fundamental, frente a responsabilidades nuevas, como por ejemplo, la puesta en ejecución de la Ley 37 de 29 de junio de 2009, que descentraliza la administración pública, norma que estuvo suspendida por un quinquenio injustificadamente y que pocos ciudadanos defendieron, mucho menos los partidos opositores al gobierno que pasmó la descentralización en perjuicio del localismo político.

La responsabilidad crucial de la sociedad civil es dinamizar la participación para que esta no sea simple quimera, sobre todo, en tiempos de crisis partidista. Además, debe ser parte activa de la gestión pública nacional y local; vigilante de potenciales violaciones a las normas vigentes, para recurrir jurisdiccionalmente en defensa de los derechos del colectivo.

Por tanto, su protagonismo no puede desarrollarse de manera servil a los gobiernos en turno. Tampoco puede surgir para cumplir intereses de partidos políticos; ni, de la oportunidad derivada para el surgimiento de nuevos liderazgos, servir como trampolín para el levantamiento de políticos disfrazados con piel de ovejas.

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