CRÍTICA

Subsidio estatal a la empresa privada: Victoriano Rodríguez Santos

El gobierno pasado fue acusado de corrupción antes de cumplirse el primer año tras tomar posesión. No obstante, producto de las regalías (bolsas con comida, refrigeradoras, estufas, etc.), propagandas radiales y televisivas, así como el pago directo o mediante terceros a ciertos comunicadores sociales, se “compró y volteó su conciencia crítica” para auspiciar tal perversión.

Esta situación no solo consintió que modificaran siete veces la Ley 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas, con el propósito de lograr los objetivos de enriquecimiento injustificado millonario e inutilizar la fiscalización y auditorías de la Contraloría General.

Preocupa que todavía, después de ocho meses de gobierno, la Asamblea Nacional aún discuta el proyecto de ley Crisol de Razas, cuando ya el Presidente dijo que “no va”, y evite tratar la reversión de las siete modificaciones a la Ley 22 que tanto daño han causado.

Otro hecho del que deben haber quedado huellas en cada uno de los despachos de la Dirección de Fiscalización es la objeción al pago de dietas a empleados públicos en horas laborables.

Que recuerde, previo al gobierno anterior, esos pagos nunca se hicieron. En consecuencia, pueden obedecer a disposiciones internas en conjunto con órdenes perversas y temerarias que pudieron darse desde la Contraloría.

El Decreto de Gabinete No. 57 de 27 de noviembre de 1968 es claro y específico: “Los funcionarios públicos que, por razón de su cargo, forman parte de Juntas Directivas, Juntas Asesoras, Comisiones y demás organismos similares en Instituciones Autónomas, Interministeriales y Semiautónomas, solo podrán percibir dietas por su asistencia a las reuniones de dichos organismos, cuando las mismas se celebren o se prolonguen fuera de las horas de servicio”.

Señor contralor, esto no puede quedarse en una suspensión del pago. Todo aquel que, siendo empleado de gobierno (aun cuando hoy no lo sea) y cobrara dietas en horas laborables, debe hacer la devolución de estas, de lo contrario, con el informe respectivo se le debe dar el curso legal que corresponde.

Otra arista a investigar es si realmente las empresas que le venden vehículos al Estado incluyen en esa venta el cobro de todos los mantenimientos por adelantado y mientras dure la garantía. Si fuera el caso, no hay razón para que el Estado mantenga un dinero ocioso como pago por adelantado de mantenimiento de vehículos que, muchas veces, no se hace a tiempo y se pierde la garantía, o que la empresa pudiera hacer otro cobro aduciendo piezas o materiales, etc.

¿Y qué podemos decir de las instituciones de Gobierno que se publicitan en las páginas amarillas como si fueran comercios? ¿Acaso el Estado subsidia la empresa privada mediante propaganda que no necesita? ¿Hasta cuándo esta lucha? ¡Dios te salve, Panamá!

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