ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Tiempo de ponerle el cascabel al gato: Carlos M. Herrera Morán

Decir que en Panamá tenemos un pésimo sistema judicial, que vive su peor crisis, quizás resulte un tema aburrido, por cuanto se trata de algo público y notorio. Pero recordarlo de forma constante –en lo que a mí concierne– representa una misión cívica y patriótica, en aras de que en este aspecto se produzcan los cambios institucionales, radicales e indispensables para extirpar ese mal endémico que aqueja a la nación.

De no hacerlo, los magistrados, jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales, incompetentes y corruptos, impedirán el logro de un Estado democrático de derecho. Máxime si se toma en cuenta que el nuevo gobierno se proyecta débil e inconsistente, lo que, en consecuencia, convierte en una realidad el refrán que dice así: “Cuando el gato no se hace sentir en la casa, los ratones hacen fiestas”.

Como abogado litigante y directivo del Colegio Nacional de Abogados, me preocupa que gobierno tras gobierno demuestre poco interés en mejorar la administración de justicia, de allí que no se hayan eliminado prácticas tribunalicias irregulares y arbitrarias, como las que señalo a continuación:

1. Las acciones constitucionales y legales extraordinarias de los ciudadanos para defender sus derechos humanos, como el amparo de garantías, el hábeas corpus, el hábeas data, etc., en términos generales son inoperantes, debido a que por vía de jurisprudencia se le han agregado requisitos formales que no exige el Código Judicial ni la Constitución Nacional, amén de que no se resuelven con la urgencia que ameritan. Aunque debo reconocer que hay dos o tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se han esforzado, de manera infructuosa, para eliminar esta nefasta situación.

2. Magistrados y jueces (no pocos) dictan las resoluciones judiciales cuando les da la gana, en franca violación del artículo 518 del Código Judicial.

3. Los procesos administrativos por violación a la ética judicial o disciplinarios en contra de jueces y magistrados representan una pérdida de tiempo para la parte afectada. En la mayoría de los casos no ocurre nada, a excepción de las represalias o “facturas” que le sobrevienen a los quejosos pues en ciertos círculos del Órgano Judicial impera el impropio, inaceptable y despreciable “espíritu de cuerpo” entre los jueces y los magistrados. Hace casi un año, el Colegio Nacional de Abogados interpuso una queja en contra de Alejandro Moncada Luna por faltas graves a la ética, sin embargo el pleno de la CSJ ni siquiera la ha admitido.

4. El Primer Tribunal Superior de Justicia, a pesar de tener una altísima e injustificable tasa de morosidad en la tramitación de los asuntos de su competencia, no acepta ningún tipo de gestión escrita para que se agregue al expediente (v. gr. impulso procesales, solicitudes de fotocopias, etcétera). Con esto se hacer ver que la morosidad obedece a la inacción de los abogados litigantes, no al Tribunal.

5. Los juzgados abusan de los exhortos u oficios para la notificación a las partes de una u otra resolución judicial, cuando les interesa dilatar la decisión de los casos que se tramitan en sus despachos. Reiteran, hasta por años, el envío de tales documentos, cuando desde el segundo que resulte infructuoso se puede hacer las notificaciones por edicto.

6. En varios tribunales, los secretarios se niegan a dar copias de las resoluciones que se notifican por edicto a las partes, hasta tanto este se desfije. Algo increíble y absurdo.

7. Los “suplentes” de los jueces y magistrados firman resoluciones judiciales sin que se conozca si los principales están de vacaciones, licencia o incapacitados. Tampoco hay la certeza de que los “suplentes”, que en su gran mayoría son funcionarios judiciales, están en la misma situación o ejercen, al mismo tiempo, dos cargos en el Órgano Judicial.

8. La CSJ ha instaurado la modalidad de poner a los “suplentes” a firmar sin dejar constancia de su condición, para ocultar esa realidad procesal. Es más, hay un juez municipal civil que tiene el don de la ubicuidad, pues sin dejar de ser juez municipal civil, actúa como juez suplente en casi todos los juzgados de circuito civiles.

9. Cuando la Sala Segunda de lo Penal de la CSJ dicta un auto interlocutorio o de mero trámite, que no admite recursos de casación por supuestos defectos de forma, los tres magistrados que componen dicha sala lo firman, desconociendo lo que disponen los artículos 108 y 109 del Código Judicial, en que se específica que solo debe firmar el magistrado sustanciador, y que el afectado tiene derecho a apelar ante el resto de los magistrados, como ocurre en la Sala Tercera.

10. Hay jueces y magistrados que rechazan recursos extraordinarios por supuestos defectos de forma, cuando ellos en su vida profesional no han elaborado ni presentado siquiera un recurso de reconsideración ante una corregiduría de policía.

Estas son algunas de las manifestaciones de un sistema obsoleto y corrupto que hace posible que un magistrado nombrado en el gobierno pasado “entre limpio y salga millonario”. No descartamos que esto también haya ocurrido en otras administraciones. En consecuencia, la ciudadanía se pregunta: ¿Quién le pondrá el cascabel al gato? Esta debe ser la misión, urgente e impostergable, de una nueva y pura “cruzada civilista”.

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