REGULACIÓN

Tierras del Canal, patrimonio inalienable: Gilberto Pérez

El Gobierno de Estados Unidos (EU) construyó, durante la vigencia del tratado del Canal de Panamá de 1903 (Hay-Bunau Varilla), poblados para albergar a los trabajadores que laboraban en la vía y en el gobierno de la extinta Zona del Canal.

Muchos habitantes del área adquirieron lanchas para su uso, tanto en el lago Gatún como en el mar, lo que con el tiempo se convirtió en un problema, porque un gran número de esos botes eran estacionados, con sus remolques, en las calles de las comunidades, lo que dificultaba el tránsito por el área.

Fue entonces cuando el gobernador de la Zona, en la década de 1970, dispuso trasladar todas las lanchas a determinadas áreas, colindantes con las riberas del Canal, para ordenar las calles. Con ese objetivo, se expidieron licencias especiales de uso de suelo, de tipo temporal, por tratarse de áreas del Canal. Las licencias indicaban que cuando se requirieran esas áreas, se daría un tiempo perentorio de 90 días a los usuarios para que las desocuparan, y que no se les reconocería compensación o indemnización alguna. Además, prohibían expresamente el uso para propósitos comerciales.

Las licencias solo se otorgaban a los empleados del Canal o del Gobierno zoneíta, y a sus asociaciones, como los clubes de yates. Las que se entregaban a personas naturales se revocaban de forma automática cuando el usuario dejaba de laborar con el Canal o con el gobierno de la Zona.

Con el tiempo, ellos empezaron a vender las estructuras que habían construido, pero siempre con el conocimiento de que las licencias establecían que cuando las áreas fueran requeridas, las debían desocupar.

Como representante de la República de Panamá ante la Comisión Coordinadora, uno de los mecanismos binacionales creados por el Tratado del Canal de Panamá de 1977 (Torrijos–Carter), desde de 1982 hasta 1999, fui el encargado de la ejecución del Art. III del Tratado, referente al funcionamiento y dirección de la vía, y enmarcaba el proceso de reversión de propiedades, tierras, edificaciones, equipos, etc., a la República de Panamá, lo que incluía, por supuesto, las áreas concedidas mediante licencias.

Durante la vigencia del Tratado de 1977, el área de botes de Diablo se revirtió al Gobierno panameño, conservando la clasificación de área de operación canalera. Es decir, que la Comisión del Canal, en su calidad de agencia encargada de la operación, podía solicitar en cualquier momento esa área, y los ocupantes tendrían que desalojar, tal como se indicó en todas las licencias concedidas por el gobierno de la extinta Zona, y en las autorizaciones que dio para nuevas áreas el Gobierno de Panamá. La idea era que el uso para mantener botes y lanchas estuviera condicionado a que una vez la Comisión requiriera estas propiedades, debían desalojarlas, y se estableció que no habría derechos posesorios, ni de otro tipo. Se trató siempre de un régimen temporal, por lo que resulta absurdo pensar en indemnizaciones.

Iguales condiciones se aplicaron a las licencias otorgadas a los clubes de yates de Pedro Miguel, lago Gatún, Margarita, Tarpon Club, etc. Los encargados desocuparon las áreas cuando se les pidió, porque sabían perfectamente que mediaba el uso “temporal”, condicionado a que se retirarían cuando se les solicitara, sin derecho alguno a compensación, tal como se indicó en las licencias.

Muchos de los que tuvieron esas licencias originales, al irse jubilando vendían las estructuras que habían construido, y hubo quienes se corrieron el riesgo de comprarlas, a sabiendas de que no tendrían licencia para uso del terreno, ni título de propiedad sobre este, por lo que tendrían que salir en cualquier momento.

Se trata de sitios destinados al funcionamiento del Canal de Panamá, y este constituye patrimonio inalienable del Estado panameño por disposición del Título Constitucional, por cuyo mandato debe funcionar de manera eficiente y rentable para beneficio del país. Así diseñamos el Título Constitucional, precisamente para evitar estos problemas. Esperamos que la Autoridad del Canal actúe con responsabilidad –como lo ha hecho hasta ahora– y logre la recuperación total, sin pago de indemnización ni compensación alguna a los ocupantes, por carecer de fundamento para ello.

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