LEY 28 DE 2006

Transparencia en la ampliación: Lisímaco Jacinto López y López

En las últimas semanas del año 2015 e inicio de 2016 se han publicado opiniones relacionadas con los trabajos de ampliación del Canal de Panamá.

Hay datos sobre los dineros desembolsados a favor de Grupo Unidos por el Canal (GUPC), reclamo de pagos, resultado de arbitrajes y declaraciones confusas por parte de la administración de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Toda esta controversia se hubiera evitado de haberse puesto en ejecución la Ley 28 del 17 de julio de 2006, “que aprueba la propuesta de construcción del tercer juego de esclusas en el Canal de Panamá, sometida por el Órgano Ejecutivo, y dicta otras disposiciones”.

Esta ley, a mi leal saber leer y entender, contiene los instrumentos de control que no dejan margen de duda para que el manejo de esa actividad se realice con la suficiente transparencia. Me permito citar su artículo 6 vigente, que se ha incumplido: “Durante el proceso de contratación y ejecución del proyecto de construcción del tercer juego de esclusas, se establecerá una comisión ad hoc que estará integrada por siete miembros, a saber: un representante del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), un representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), un representante de los clubes cívicos, un representante del Consejo de Rectores, un representante del Comité Ecuménico, un representante designado por la Asamblea Nacional y un representante designado por el Órgano Ejecutivo”.

“Esta Comisión y sus integrantes tendrán carácter ad honorem. Será convocada por el Órgano Ejecutivo cada tres meses para que, con la comparecencia del presidente de la junta directiva y del administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, reciban informes y reportes sobre el estado del proceso de contratación y ejecución del proyecto, los analicen, evalúen y formulen las observaciones o recomendaciones que estimen pertinentes”.

El artículo de la ley citada 1 se cumplió el domingo 22 de octubre de 2006, con la realización del referendo nacional por el “sí a la ampliación”, como lo mandata el artículo 325 de la Constitución Política de la República. En cuanto al artículo 4, que ordena presentar informes al pleno de la Asamblea Nacional, por declaraciones de diputados, se ha cumplido parcialmente.

Como vemos, el artículo 6 de la Ley 28 de 2006 nunca ha sido ejecutado y es el que ordena crear la comisión ad hoc, compuesta por siete entes de opinión nacional que tienen la capacidad de “recibir informes y reportes sobre el estado del proceso de contratación y ejecución del proyecto, los analicen, evalúen y formulen las observaciones o recomendaciones que estimen pertinentes”.

Estos siete miembros de la comisión ad hoc son: el Conato, el Conep, los clubes cívicos, el Consejo de Rectores y el Comité Ecuménico, más un representante de la Asamblea Nacional y un representante del Órgano Ejecutivo. Por estas razones, me pregunto:

1. ¿Por qué la comisión ad hoc de siete miembros ad honorem no ha sido convocada por el Órgano Ejecutivo?

2. ¿El Conato, el Conep, el Consejo de Rectores, los clubes cívicos y el Comité Ecuménico, me podrán indicar si les han pedido a sus gremios que formen parte de la comisión ad hoc creada por el artículo 6 de la Ley 28 de 2006?

3. ¿Quién representa a la Asamblea Nacional?

4. ¿Quién representa al Órgano Ejecutivo? No puede ser el ingeniero Roberto Roy, porque como ministro del Canal, también es el presidente de la junta directiva de la ACP y, como tal, tiene que rendir, conjuntamente con el administrador, un informe a la comisión ad hoc.

Creo que se ha incumplido el artículo 6 de la Ley 28 de 2006. La no convocatoria de esta comisión ad hoc ha generado la imagen de poca transparencia en el manejo de la ampliación.

El Presidente de la República, antes de su llamado a “buscar una salida negociada a los problemas que retrasan la obra”, tiene la obligación legal de convocar a la comisión ad hoc, creada por el artículo 6 de la Ley 28 de 2006, para que le rinda un informe minucioso al pueblo panameño.

En aras de transparencia en la ampliación, se debe ejecutar el artículo 6 de la Ley 28 de 2006. ¡El pueblo panameño no puede ser burlado!

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