EL CASO MONCADA LUNA

´La Tremenda Corte´: Xavier Sáez-Llorens

Tener a Alejandro Moncada Luna de acusado, Pedro Miguel González de fiscal y a un peculiar trío de juezas de garantías, con todos los pormenores televisados, fue sin duda una situación surrealista. Independientemente de motivos, falsedades o certezas, la escena me hizo recordar los episodios hilarantes de La Tremenda Corte. Las audiencias de Aníbal de Mar y Leopoldo Fernández eran, empero, más transparentes y entretenidas. En esta comedia criolla, había también periodistas derramando baba de la emoción por el morbo generado, “expertos” con pasado tortuoso regocijándose por el histórico suceso, oportunistas buscando protagonismo para aspirar a la potencial vacante en la Corte y tuiteros en redes sociales que clamaban por ver sangre en el recinto legislativo. Un circo medieval al mejor estilo romano.

Concuerdo en que la denuncia contra el magistrado es muy grave. Los detalles mencionados, hasta la fecha, inducen suspicacia de delito. Las declaraciones iniciales del imputado parecen hundirlo aún más. Luce inverosímil que alguien que no sea multimillonario compre apartamentos suntuosos al contado o que un empresario dadivoso preste tanto dinero sin obtener algún beneficio mayúsculo a cambio. Decir que cobraba en efectivo por el ejercicio de su profesión, debido a que no le gustaba ir al banco, fue una respuesta que aprieta más la soga del cuello. No obstante, todo ser humano tiene derecho a ser considerado cándido hasta que se demuestre lo contrario y a no ser exhibido públicamente sin someterse a un juicio imparcial que respete sus garantías procesales. Desde una perspectiva conceptual, a mi juicio, el linchamiento mediático viola el principio de presunción de inocencia.

Lo que causa perplejidad es la cantidad de personajes que aprovecharon el acontecimiento para darse golpes de pecho criticando ferozmente esos actos de depravación política. Para que realicen un examen de autoconsciencia, me gustaría describir las actividades que definen a un individuo como deshonesto. Corrupción significa, en su acepción jurídica, como la práctica de utilizar las funciones y los medios de las organizaciones, públicas o privadas, para rédito económico o de otra índole, de sus propios gestores. Vale la pena enfatizar, además, que esta putrefacción conductual es una carretera de dos vías donde es tan culpable el sobornado como el sobornador.

Veamos ejemplos de corrupción para que cada quien pueda mirarse en el espejo y no sufrir apoplejía facial. Corrupto es cualquier persona que paga o recibe coimas por favores; que emprende negocios basándose en información privilegiada, conocida antes que nadie, gracias al puesto de mando; que edifica obras para obtener comisiones; que infla precios de licitaciones para repartirse el sobrante; que emplea materiales de segunda para agrandar el botín residual; que adjudica estructuras a empresas o sociedades anónimas para figurar en la nómina de accionistas secretos; que canjea las exoneraciones asignadas a su posición; que calla o maquilla noticias a conveniencia; que embellece la figura de un funcionario gubernamental en trueque por prebendas o cargos estatales; que admite regalos o incentivos de entes privados para silenciar asuntos delicados o actos ilícitos; que maneja partidas de obras sociales para lucro personal o interés electoral; que evade el pago correcto de impuestos; y un largo etcétera.

Pese a que el juega vivo debe elevarse a la categoría de marca país, me opongo a la costumbre generalizada de calumniar a gente específica sin poseer evidencias contundentes del delito. La deshonra sin fundamento debería también ser penalizada de manera vigorosa. Por supuesto, resulta deprimente que, por más constancias que se dispongan, la probabilidad de que se castigue al malhechor en Panamá, particularmente si este goza de elevado rango político o económico, es cercana al cero porcentual. En las calles pululan numerosos mafiosos, especialistas del derecho, extraordinariamente capacitados para salvar culpables o meter inocentes a la cárcel, según el monto ofrecido. La ética es secundaria. Nuestra sociedad anda al revés. Muchos más estudiantes se matriculan en la carrera jurídica que en la de ciencia. Existen tres veces más abogados que médicos pese a haber bastante más enfermedades que leyes.

Curiosamente, aunque haya una ausencia notoria de peces gordos tras las rejas, todos sabemos que una buena parte de las mansiones urbanas, terrenos en playas exclusivas, yates o coches deportivos, apartamentos lujosos de alquiler, acciones suculentas en sociedades o fundaciones y cifras cuantiosas en bancos nacionales e internacionales está en manos de políticos y empresarios que difícilmente podrían justificar la legalidad de dichas posesiones. El enriquecimiento ilícito es una plaga que nos ha azotado a lo largo de nuestra identidad como nación. Si el caso que nos ocupa se documenta adecuadamente, se verifica la fechoría y la exhibición se utiliza para implementar la añorada certeza de castigo, habremos avanzado enormemente hacia la civilización. Presiento, sin embargo, que todo quedará en nada. La sentencia final debe ser acuerpada por el 67% de los diputados, precisamente los que pertenecen al órgano más desprestigiado del Estado. Subyacen demasiados intereses de fondo y una sigilosa amenaza de juzgamiento a la inversa por parte de una herida CSJ contra “honorables” que esconden pus en el manejo de sus partidas circuitales. Espero equivocarme. Mientras tanto secretario, “llame a los implicados en ese Moncadicidio”. @xsaezll

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