El Tribunal Electoral ha dejado de existir

A Panamá le costó casi un siglo contar con una autoridad electoral en cuya imparcialidad todos pudieran confiar

Jorge Eduardo Ritter jritter@cwpanama.net

Cuentan que en 1885 cuando el presidente de los Estados Unidos de Colombia, Rafael Núñez, decidió acabar con el federalismo que, gracias a Justo Arosemena, se había instaurado treinta años antes, proclamó desde un balcón del palacio presidencial: “la Constitución de Ríonegro ha dejado de existir”. Algo similar acaba de ocurrir con el Tribunal Electoral, sólo que el anuncio no se hizo desde un balcón, ni salió de labios del presidente: se hizo por disposición de un magistrado suplente, desde las faldas del cerro Ancón donde funciona la Corte Suprema de Justicia. Pero el resultado es el mismo: para todo efecto práctico “el Tribunal Electoral ha dejado de existir”.

También en el siglo XIX se había acuñado la frase “el que escruta elige”. Por lo que durante casi todo el siglo XX los países lucharon con denuedo para dotarse de instituciones confiables que hicieran respetar el voto popular, de manera que fueran los votantes -no los que escrutaban- quienes eligieran a sus gobernantes. A Panamá le costó casi un siglo contar con una autoridad electoral en cuya imparcialidad todos pudieran confiar y que fuera capaz de anunciar prontamente un resultado definitivo (en 1948 el escrutinio duró más de tres meses y los votos se volvieron a contar un año después y en una sola noche, con resultados distintos). Pues bien, la independencia de la que creíamos gozaba el Tribunal Electoral no era más que una ilusión: el magistrado suplente Jacinto Cárdenas nos acaba de devolver a la realidad, y nos ha comunicado que la autoridad suprema en materia electoral no es la que pensábamos sino la Corte Suprema de Justicia. O sea que ahora podríamos decir “el que domina la Corte elige”.

La historia es sencilla. Por razones harto conocidas, al legislador -la omisión de honorable resulta imperativa- Carlos Afú el PRD le revocó el mandato. Mientras se tramitaba la apelación, su abogado interpuso un recurso ante la CSJ, y por esos caprichos del azar, le tocó conocer de él precisamente a uno de los beneficiados por los votos que a Afú le acarrearon la revocatoria del mandato. Y como favor con favor se paga, el magistrado suplente decidió acoger el recurso y, de paso, llevarse por delante toda la jurisprudencia de la Corte en esa materia y la autoridad de una de las pocas instituciones que gozaban de alguna credibilidad. Con lo cual les ha notificado a los partidos políticos y a la ciudadanía que si alguien desea interrumpir los procesos que se llevan a cabo el Tribunal Electoral, o el escrutinio de los votos el día de las elecciones, sólo tiene que interponer un recurso ante la Corte (dada la celeridad de los procesos en Panamá y algunas experiencias históricas, el escrutinio de las elecciones del 2004 puede concluir, con resultados no definitivos, en el 2006).

Hasta ahora nadie había osado poner en entredicho la autoridad del Tribunal Electoral, pues todos entendíamos que, además de la necesidad política de contar con un organismo electoral independiente, la disposición constitucional, por ser tan clara, no admitía interpretaciones equívocas: La decisión del partido en que se adopte la revocatoria de mandato estará sujeta a recurso del cual conocerá privativamente el Tribunal Electoral. Subrayo el privativamente, que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española significa con exclusión de todos los demás (salvo que el magistrado de marras haya acogido también, sin que nos diéramos cuenta, un recurso contra el Diccionario, o, sencillamente, haya declarado inconstitucional su uso). Pero siempre hay una primera vez, y para entender semejante exabrupto sólo caben dos posibilidades: o nadie ha tenido la bondad de prestarle un diccionario al susodicho o lo inspira el propósito de convertir al Tribunal Electoral en un organismo subalterno de la Corte. De prosperar tal iniciativa nos iría mejor cerrando el Tribunal: si no puede decidir, con plena autonomía, los asuntos electorales que por lo menos no nos cueste tanto a los contribuyentes mantener esa fachada.

Sin importar cuál sea la decisión del pleno de la Corte, ya se le ha hecho un daño irreparable a la administración de justicia, pues ha quedado en evidencia que un solo magistrado -para colmos, suplente- puede paralizar un proceso del que el Tribunal Electoral debía conocer privativamente. Por supuesto, sería menos peor si la Corte se pronunciara pronto, enmendara el entuerto, y rescatara del cesto de las arbitrariedades lo poco que nos quedaba del Estado de Derecho.

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