PRESUPUESTOS

Universidades y el Plan Panamá 2030: Dorindo Jayan Cortez

En su reciente informe a la nación, el presidente Juan Carlos Varela convocó a las fuerzas políticas y sociales para que, a través de la Concertación Nacional para el Desarrollo, se inicie el diálogo y la adopción del Plan Estratégico Nacional, con visión de Estado, Panamá 2030. Como marco de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que promulgó la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2015.

Es una iniciativa en la que no deben faltar las universidades, menos la de Panamá, por aquello del financiamiento de la educación superior pública, como área estratégica. Además, materializa una de las visiones de los objetivos sostenibles, aquella que establece que la población merece una “educación de calidad”. La calidad tiene sus costos. Ya antes, en el Foro de los Rectores de las Américas (recordar la VII Cumbre), el presidente Varela convocó a sus homólogos a asumir compromisos con la educación superior en la región. La propuesta de un plan que busque desarrollar al país, generar calidad de vida, superar la pobreza, reducir desigualdades, y potenciar las inversiones aprovechando las ventajas geográficas quedaría incompleto, si no se aborda con profundidad el futuro de las universidades ni se definen las políticas públicas que le permitan preparar a los panameños para los retos que impone el mercado.

La convocatoria para consensuar una estrategia (incluyendo a la academia) debe favorecer una propuesta que garantice el incremento de las finanzas de las instituciones universitarias oficiales, sobre todo, la sostenibilidad de ese incremento.

El mecanismo viable para fortalecer la academia es a través de una norma constitucional, y nada impide que esa meta la encontremos a través de un plan concertado, como supone el Gobierno nacional. Hasta ahora ninguna Constitución ni sus reformas (1978, 1983, 1994 y 2005) han incluido el incremento sostenido de los presupuestos de las universidades. A nivel de ley hubo un avance que después se desvaneció. Se estableció, en la Ley 11 de 1981 que “las partidas de funcionamiento no podían ser inferiores al monto del año anterior”. Sin embargo, en fallo de la Corte Suprema de Justicia se declaró inconstitucional el artículo 63 de esta ley. La visión de Estado para el 2030 exige luces largas.

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