LESIÓN PREMEDITADA

Urbicidio costero: Orlando Acosta Patiño

Hace algunos años escribimos sobre la acción premeditada que se refería al asesinato de las ciudades. En ese momento, urbicidio se refirió a la destrucción del puente de Mostar en la ciudad del mismo nombre, en Bosnia y Herzegovina. El simbólico puente otomano del siglo XVI, declarado como Patrimonio de la Humanidad, fue dinamitado en el marco de la guerra de los Balcanes, en la década de 1990.

Urbicidio es un neologismo que se refiere a un concepto generado cuando fueron destruidas durante la Segunda Guerra Mundial ciudades como Varsovia, Berlín, Tokio, Hiroshima y Nagasaki. Urbicidio se refiere a un concepto que tiene que ver con al “asesinato litúrgico” que viven las urbes, cuando se producen agresiones realizadas con premeditación, orden y de forma explícita. En el caso de la cita que traigo a colación, se trató de una estrategia militar con objetivos culturales y políticos para acabar con la identidad, los símbolos y la memoria colectiva concentrada en las ciudades (Fernando Carrión, 2012). En el caso de esta entrega, varío la interpretación para hacerla más amplia en un contexto del territorio, de la asignación de fondos públicos, de las obras de infraestructura, la institucionalidad, el aparente conflicto de interés y la falta de transparencia.

El término de urbicidio vuelve a ser referencia cuando no somos capaces de hacer un alto y reflexionar sobre las mejores decisiones que tomamos en torno a las obras que se desarrollan en la ciudad de Panamá y su entorno marino, y cómo afectan los valores culturales y los recursos marinos-costeros. Hago una interpretación del término urbicidio para colocarlo en el contexto de las recientes obras de escala urbana hechas con fondos públicos, en el contexto de una institucionalidad debilitada que comienza a modificar el litoral marino, los imaginarios colectivos, los recursos culturales y costeros de Panamá.

En el caso de Panamá, urbicidio es un escenario en el que está ausente la discusión transparente, en el que brilla el aparente conflicto de intereses, la institucionalidad se debilita, la conservación patrimonial y natural se cuestiona y el criterio de intervención urbana prima sobre el automóvil privado, como centro de intervención, con el objeto de crear nuevos y apetecidos frentes de mar –justificados en una vialidad necesaria– para futuros y posibles desarrollos inmobiliarios.

Somos testigos de una serie de rellenos en la bahía, de la construcción de islas artificiales y cintas costeras con los fondos públicos. La reciente desprotección del manglar para la posterior urbanización del espacio que ocupan, en el contexto de una institucionalidad debilitada, es otro ejemplo, sin que todas estas acciones parezcan tener un propósito de beneficio social. La cinta costera, fase III, se encargará de cambiar la imagen de la ciudad marina de Panamá, al rodear mediante un viaducto la península que ocupa el Casco Antiguo, para modificar de manera radical y permanente el paisaje y entorno marino, valor que lo distingue. Incluirá una serie de rellenos en el entorno inmediato y cercano, cambiando la forma y la percepción del paisaje.

Estas obras están justificadas bajo argumentos funcionales viales, turísticos y recreativos que, en ausencia de una amplia discusión y consulta, fuera de un contexto de planificación integral, parecieran estar enfocados en satisfacer intereses económicos para lucrar con espacios “creados” mediante la especulación inmobiliaria. Los rellenos de El Chorrillo y Amador, así como el área de los manglares de la bahía, crearán un frente de mar que será un espacio deseado y de alto valor económico en la ciudad de Panamá.

El resultado de la acción gubernamental es incoherente y apunta a la modificación de referentes urbanos y naturales que tienen antecedentes centenarios de producción cultural, en el caso de las ciudades, y procesos muchos más complejos en el de los ecosistemas naturales de manglares. Los temas expuestos no pueden verse fuera del contexto institucional ni del desinterés en discutir, consensuar y consultar para, finalmente, producir y desarrollar una ley de cultura que proteja al patrimonio; como tampoco se puede ignorar que se buscar debilitar la ley ambiental.

Estamos ante la ausencia de una discusión transparente que ventile estos temas y vemos un debilitamiento institucional que otorga ventajas al mercado, favorece la especulación y el lucro privado; todo esto para justificar el desarrollo y la funcionalidad urbana, cuyo resultado final será la destrucción de nuestros recursos naturales y culturales en perjuicio del colectivo social.

Parafraseando a Carrión, añadiría que el urbicidio hace referencia a las prácticas de Gobiernos destinadas a la producción del olvido, a la destrucción de la memoria y a la producción de pobreza material, cultural, social y económica.

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