DERECHO SOCIAL

Vejez y transporte público: Alberto Valdés Tola

Resulta caricaturesco observar cómo algunos ancianos pagan su pasaje completo, sin ninguna conciencia de sus derechos ciudadanos. Por otra parte, es vergonzoso, a la vez, percibir cómo la ley es violada todos los días, sin el menor interés público por penalizarlo.

Ahora bien, veamos un poco hacia dónde van estos argumentos. La Ley 6, de 16 de junio de 1987, adopta “medidas en beneficio de los ciudadanos jubilados, pensionados, de la tercera y cuarta edad”.

Esta se ha actualizado y reformado en varias ocasiones (Ley 18 de 1989, Ley 15 de 1992, Ley 37 de 2001 y Ley 14 de 2003) y, dentro de cuerpo normativo, específicamente en su capítulo 1, denominado “descuentos y tarifas especiales”, en el artículo 1, numeral 2, establece el descuento del 30% en la tarifa de autobuses interurbanos. Lo que implica, que los adultos mayores no deben pagar la misma tarifa que todos, sino una fracción de esta.

No obstante, en Panamá se guarda silencio respecto a este punto específico, que ha sido obviado en todas las discusiones realizadas entre el Estado y los transportistas o la empresa que maneja el Metro Bus. Silencio este que lleva más de dos décadas y aún hoy día no se vislumbra ningún interés institucional o social por hacer valer el descuento, legislado formalmente en beneficio de un segmento poblacional cuyas necesidades en cuanto al transporte público trascienden su reciente modernización.

Si bien es cierto los buses han sido acondicionados para mejorar los estándares de calidad, aún no poseen la infraestructura necesaria para garantizar la calidad de vida del consumidor anciano.

Ahora bien, veamos cómo aplican otras sociedades la tarifa para los adultos mayores. En Costa Rica, el descuento es del 30% (igual que en Panamá) y su aplicación es vigilada y garantizada por el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor y la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (Ley 7935).

En Ecuador, el descuento en los buses interurbanos es del 50%, este es garantizado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Constitución de la Revolución ciudadana (2008) y por la Ley del Anciano (2006).

En Panamá, en el transporte público, como servicio estructurado para la movilización colectiva de todos los ciudadanos en una sociedad moderna, no se respeta lo estipulado por la ley, peor aún, parece desconocerse. Por esta razón, como sociedad, debemos exigir que se cumplan las leyes emitidas para el bienestar de las personas adultas mayores, y se aplique el descuento en la tarifa de los autobuses interurbanos. Esto, lejos de ser una iniciativa o sugerencia, es un derecho social estipulado por el mismo Estado panameño, con miras de salvaguardar los intereses ciudadanos de este grupo etario.

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