DEFORESTACIÓN

Viejo problema, nuevo enfoque: Ninotshka Tam

La deforestación se entiende como el proceso en el que el hombre destruye, mediante la quema o tala, la superficie forestal. Estas acciones negativas sobre el ambiente se generan muchas veces por el desarrollo de alguna actividad económica, por ejemplo: la ganadería, la minería o la simple venta de madera, es decir, se deforesta para obtener un beneficio. Esta postura egoísta, aunada a la falta de un plan de reforestación responsable, pone en riesgo la calidad de los suelos, la biodiversidad y al hábitat, afectando el desempeño de las actividades, no solo agrícolas y pecuarias, sino de servicios que utilizan recursos naturales para su realización, como los puertos y el Canal interoceánico.

Para resolver este problema se requiere más que reglamentos o normas que promuevan la protección de bosques, prohibir la tala de árboles o campañas de sensibilización; se necesita, quizás, una mayor coordinación de políticas públicas que frenen la deforestación, permitiendo el desarrollo económico en armonía con la conservación ambiental. Panamá cuenta con un 33% de territorio protegido, una de las mayores proporciones de la región en comparación al 10% de otros países de ingreso medio y alto; sin embargo, paradójicamente, tiene una de las más altas tasas de deforestación.

De acuerdo a Rigoberto Stewart, economista costarricense, el proteccionismo, es decir, la política de mantener altos aranceles, aunado a la utilización de subsidios agropecuarios mediante el Fondo Especial de Compensación de Intereses (Feci), entre otros, ocasionaron un aumento en la producción ganadera, que parece positivo. No obstante, en Panamá la ganadería se ha practicado, principalmente, a través de la tala y la quema para proveer pasto y espacio a los animales y, en alguna medida, la política de promover la ganadería ha estimulado la sustitución de recursos forestales de alta valía por la producción de ganado.

El desafío consiste en atraer e incentivar actividades económicas que en lugar de causar daños al ambiente puedan responder, mediante políticas adecuadas, como agentes conservadores del mismo sin que la responsabilidad recaiga únicamente sobre el Estado, en otras palabras, promover la responsabilidad en el cuidado ambiental de la mano al desarrollo de las actividades empresariales.

Por ejemplo, a través de concesiones de mediano y largo plazo se podrían otorgar áreas boscosas al cuidado y administración ya sea de empresas, cooperativas u organizaciones no gubernamentales (ONG) para que utilicen estos recursos, pero de manera sostenible (los especialistas llaman a esto asegurar la titularidad de un bien o recurso). Por supuesto que los más llamados a cuidar esa área contra posibles invasiones serían quienes gozan de dichas concesiones.

La Ley 24 de 23 de noviembre de 1992 tuvo como objetivo estimular todas las formas de reforestación; fomentar las empresas, asociaciones, juntas comunales y cooperativas relacionadas con la actividad de reforestación; promover el establecimiento, desarrollo y mejoramiento de la industria forestal para que aproveche como materia prima el producto de la reforestación; y estudiar, investigar y divulgar todas las formas de reforestación y medios de realizarla. La Ley, con un período de aplicación de 30 años, fue elaborada con participación del sector privado y las ONG.

En su versión original, incluyó algunos incentivos como las exenciones del pago de impuesto sobre la renta (ISR) a dueños de plantaciones; consideración del 100% de las inversiones forestales o las inversiones forestales indirectas, como gastos deducibles para efectos del pago de ISR, cuando las sumas invertidas provinieran de una fuente distinta a la actividad de reforestación; exención del pago de impuesto de exportación y demás tasas sobre la maquinaria, equipos, herramientas, agroquímicos, semillas y otros elementos para el uso exclusivo en la reforestación; exención del pago de impuesto de inmuebles y del impuesto de transferencia de bienes inmuebles, cuando la finca se dedica en más del 50% de su superficie a la reforestación o tuviera un mínimo de 200 hectáreas reforestadas; exención del pago de ISR sobre las utilidades de bonos, acciones y valores de sociedades dedicadas a la reforestación y otros.

La aplicación de la Ley 24 contribuyó a que la actividad de reforestación generara 606 mil 580 jornales, la mayoría temporales, con un valor estimado en B/. 165.3 millones, un 52.7% de la inversión total en plantaciones forestales. La inversión total en plantaciones forestales, entre 1993 y 2004, alcanzó B/.313.7 millones. De estos, B/.100 millones fueron aportados por el programa de incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante la deducción de impuestos a las empresas reforestadoras, y B/.213.7 millones por inversionistas privados.

En 2005, el Estado panameño decidió modificar algunos artículos de la Ley 6 de 2005 sobre equidad fiscal, para evitar abusos en el uso de los incentivos fiscales. Esto, a su vez, dio lugar a que disminuyera la participación de inversionistas locales en actividades de reforestación. En la deforestación se aplica el viejo refrán “nadie cuida lo que es ajeno”, este pensamiento podría explicar por qué al no haber una definición clara de la titularidad de un bosque el mismo es literalmente explotado por individuos que buscan una renta rápida.

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