ESPIONAJE

Wikileaks a lo panameño: Rolando Anguizola B.

Ha desaparecido el ultramoderno equipo de espionaje adquirido por el gobierno anterior y adscrito a la Presidencia de la República. Gente grande y gorda en el entorno del anterior mandamás, como los superministros Demetrio Papadimitriu, Roberto Henríquez, José Raúl Mulino, y los jefes del aparato de seguridad del Estado Olmedo Alfaro, Gustavo Pérez, Julio Moltó, los yonis (yo no vi, yo no oí, yo no sé) niegan haber participado en la adquisición de este voluminoso y pesado equipo diseñado para penetrar la privacidad de reuniones y demás conversaciones personales o telefónicas. Incluso con capacidad de introducirse a fisgonear el disco duro de las computadoras, extraerles información y contaminarlas con antivirus letales.

Si todos los altos mandos del Estado son yonis, solo queda una persona que tenía suficiente poder para autorizar el contrato, mover los $13 millones, obtener la expedita autorización de la contralora Gioconda de Bianchini e introducir la sonda al país por fuera de los controles aduaneros; manejar a los técnicos extranjeros que viajaron desde Israel para entrenar a 80 miembros del Servicio de Protección Institucional, a cargo del equipo de espionaje y la seguridad personal del jefe máximo.

También surge la pregunta de quién fue el personaje con capacidad para elegir el edificio que serviría como centro de operaciones de tan sofisticado, costoso y peligroso equipo y, por último, estimado lector, ¿quién pudo robar esa joya de la corona y con una varita mágica inducir amnesia total tanto a los sempiternos manzanillos como al numeroso y selecto grupo de altos funcionarios del Estado?

La privacidad de los ciudadanos es un derecho protegido por la Constitución Política, esto incluye la correspondencia y demás documentos, así como todas las comunicaciones que no deben ser interceptadas ni grabadas. El Código Penal, Art. 166 y siguientes tipifica los delitos de violación del secreto y la privacidad de todos los habitantes del país.

La violación se castiga con pena de prisión hasta de dos años. Se incluye la conversación y toma de fotos o videos con su pareja, sus hijos, empleados, socios de negocios, etc. Puede agregar esta protección a deslices románticos, una mentirita blanca y terribles delitos como quebrar piernas, hablar mal de la suegra, lavar dinero, traficar drogas, secuestrar y asesinar. Todos estos actos nimios o atroces gozan de protección, salvo previa autorización para servicios de investigación judicial.

Apena reconocer que un gran capo del entorno político ha confesado –hasta de viva voz– durante bastante tiempo, por medio de Twitter, la televisión, columnas de chismes y noticias periodísticas, intimidades ajenas, adjudicándose un aura de extorsión, porque amenaza con un dossier o el pedigrí de cientos de amigotes igual que de adversarios.

Calcule usted una “megasapería” oficialista organizada con el equipo de espionaje, con la capacidad potencial de intervenir a miles y miles de personajes en la política, el comercio, competidores, periodistas, etc.

Unos 50 delitos individualizados suman 99 años de cárcel para el pinchador, sea quien sea, caiga quien caiga.

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