PROYECTO INNECESARIO

Para abonar al debate de las APP: Mario A. Rodríguez Stanziola

Luego del revuelo generado por la discusión, en la Asamblea Nacional, del proyecto de ley 349 que crea el régimen de Asociación Público Privada (APP), y tras el anuncio del presidente Ricardo Martinelli, quien se comprometió a enviarlo al foro de la Concertación Nacional para el Desarrollo, creo oportuno y necesario que se produzca un amplio debate al respecto.

Como parte de ese esfuerzo es importante resaltar que el contenido de ese proyecto tiene efectos tremendamente nocivos sobre la sociedad panameña. Según su propia definición, el proyecto de ley tiene como ámbito de aplicación las entidades públicas pertenecientes al sector público no financiero, según lo definido en la Ley 34 de 2008, de Responsabilidad Fiscal, lo cual es amplio y extenso, con implicaciones a nivel nacional y de pequeñas localidades (Art. 2, ámbito de aplicación. La presente ley de aplicación a las entidades públicas pertenecientes al sector público no financiero, según lo definido en la Ley 34 de 2008, “De Responsabilidad Social Fiscal” y su reglamento).

Entre estas entidades públicas se incluye desde la CSS, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación hasta la Autoridad del Canal de Panamá. La excusa principal para crear los regímenes de Asociación Público Privada es que el Estado carece de los fondos necesarios para hacer obras públicas vitales y necesarias. Frente a esa prioridad el Estado establece una relación con la empresa privada para que esta haga obras de infraestructura o preste servicios. Pero resulta que el Estado panameño está boyante de recursos económicos, que nos encontramos en pleno crecimiento económico con tasas del 9% anual, que las últimas recaudaciones sobrepasan los ingresos de años anteriores.

El ministro de Economía y Finanzas publicó que los ingresos corrientes del gobierno central panameño crecieron en un 17.8% durante el primer semestre de 2011, según el balance fiscal presentado. Este renglón pasó de $2,047.1 millones durante los primeros seis meses de 2010, a ubicarse en $2,424.5 millones en igual período de este año. En esta área, los impuestos recaudados presentaron un incremento de 28.8%, luego que los resultados se ubicaran en $1,932.7 millones durante la actual vigencia fiscal.

Así mismo, el ministro declaró que las recaudaciones provenientes de las reformas fiscales proveen los recursos necesarios para ejecutar los programas de inversiones físicas y sociales de la actual administración.

Como se aprecia, es más que evidente que el Estado panameño no carece de recursos financieros para hacer frente a “las inversiones físicas y sociales de la actual administración”. No se carece de fondos públicos y no hay restricciones presupuestarias, por lo que el Estado panameño no necesita de asociaciones públicas privadas para llevar a cabo el programa de inversiones físicas y sociales de la actual administración.

Además, el marco estructural del régimen de Asociación Público Privada (APP) deja en evidencia la intención de hacer negociados con el presupuesto de la nación y de privatizar el sector salud y la educación pública. Como prueba de esto está la redacción de todo el articulado (mencionado en decenas de páginas y artículos) que favorece al sector privado sobre el sector público. En este articulado se permite la transferencia de las responsabilidades estatales al sector privado.

Para entender todo el enramado confuso de la ley, es imprescindible recordar la definición de privatización de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía: “Privatización es el proceso por medio del cual funciones que previamente eran realizadas por el gobierno son delegadas en lugar de ello al sector privado”. (Stiglitz, Joseph E. Economics, W.W. Norton & Company, segunda edición, USA. 1997 p. A 18.

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