ENTRADA EN VIGENCIA

El sector salud y el sistema procesal penal acusatorio: José Vicente Pachar Lucio

La entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal acusatorio implica una serie de cambios en las funciones de muchas instituciones, entre ellas las del sector salud.

A las instalaciones sanitarias, públicas o privadas, acuden los pacientes para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Además, con frecuencia se presentan a los servicios de urgencia públicos personas involucradas en situaciones policivas o legales que podrían ser delitos contra la vida e integridad personal (homicidio, lesiones personales, aborto); delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil (violencia doméstica, maltrato de niño, niña o adolescente); delitos contra la libertad e integridad sexual (violación y otros delitos sexuales).

Es entonces cuando, si presuntamente se ha cometido un delito y la víctima se presenta o es trasladada a la instalación de salud, es necesario que el personal asistente (médicos, enfermeras, etc.), conozca el adecuado manejo de los indicios o evidencias relacionados a la comisión del hecho punible. El manejo correcto de esos elementos permitirá que puedan ser eficazmente utilizados en la sustentación de las hipótesis de la investigación judicial. En el transcurso del proceso, los indicios o evidencias se convertirán en pruebas científicas que contribuirán al establecimiento de la verdad acerca de los hechos investigados.

En el nuevo sistema de procedimiento penal, a los funcionarios del sector salud que atiendan estos casos les corresponderá apoyar las investigaciones judiciales, verificando que los elementos vinculantes a la comisión de un delito que se encuentren en el paciente o en sus prendas de vestir y accesorios, sean reconocidos, manipulados y preservados o custodiados de manera adecuada, hasta que se entreguen al funcionario de instrucción.

Todos esos elementos formarán parte del sistema de cadena de custodia. Este sistema es un conjunto de procedimientos orientados a conservar la identidad e idoneidad de los elementos objeto de estudio; es una garantía de que no serán alterados o que se deteriorarán durante la recolección, empaque, envío y análisis. Todo paso de la cadena de custodia debe estar debidamente registrado, indicando el nombre, el cargo del responsable y la fecha del procedimiento correspondiente.

Estos principios y recomendaciones han sido recopilados en el Manual de Cadena de Custodia, elaborado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En él se describen: “los procedimientos que las instituciones y establecimientos de salud, públicos o privados, deben realizar para recoger, reunir y custodiar los indicios y/o evidencias físicas encontradas durante el diagnóstico y/o tratamiento de lesiones traumáticas o trastornos de salud relacionados a la comisión de un probable hecho punible”. Los límites de competencia de este manual se extienden a las instituciones y establecimientos de salud, públicos o privados, y a sus colaboradores. Comienza con la atención paramédica o médica inicial; sigue en las instalaciones de atención sanitaria, y termina con la entrega de los indicios o evidencias físicas, debidamente recopiladas y custodiadas, al agente del Ministerio Público. Un funcionario encargado por el director de la institución o establecimiento de salud público o privado, deberá notificar y entregar los indicios o evidencias físicas, lo más pronto posible, al agente del Ministerio Público.

El éxito en la implementación del nuevo sistema procesal penal, verdadera opción para mejorar la administración de justicia en Panamá, depende de muchos factores, entre ellos la valiosa colaboración de los funcionarios del sector salud; su responsable desempeño en este proceso repercutirá favorablemente en las decisiones que tomen los encargados de investigar y administrar justicia.

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