EXABRUPTOS

La política y la administración de justicia en Panamá: Javier Comellys

Existe un fenómeno muy propio de nuestra sociedad, que empezó desde los albores de nuestra independencia de Colombia y se ha incrementando como un cáncer de forma alarmante. Nos referimos a la politización de la administración de justicia considerado como uno de los fenómenos más acentuados en nuestro tiempo, que corroe la columna vertebral de la sociedad y la democracia. Este fenómeno se manifiesta, constantemente, en actos de corrupción derivados de la política y de los partidos que carecen de ética profesional y moral.

Emmanuel Kant, filósofo prusiano y uno de los pensadores más ilustres e influyentes de la Europa moderna decía que: “el hombre es libre por naturaleza, y su razón le señala una ley moral la cual debe obedecer”.

No es nada extraño –ni motivo de cuestionamiento– que la administración de justicia juegue un papel fundamental en el ejercicio de la democracia, pues el avance del régimen de derecho depende de la existencia de magistrados, procuradores, jueces y fiscales impolutos y con independencia. Pero esta independencia siempre ha estado condicionada a la línea del partido y a los caprichos de los que ostentan el poder; cuando debe entenderse que en la ciencia política, según la doctrina de la separación de poderes, la redacción, reformas, promulgación y derogación de las leyes debe ser función del Legislativo. Al poder Judicial le corresponde la administración de justicia y, al Ejecutivo, velar por su cumplimiento. Un Estado que respeta y divide, en ese sentido, sus facultades y funciones no debe caracterizarse por el uso de la fuerza en el cumplimiento de las leyes.

Charles Louis Barón de Montesquieu, filósofo y ensayista ilustrado del Siglo XVIII, fue hombre de personalidad propia y mentalidad profética; considerado como uno de los pensadores más ilustres e influyentes en el seno de la historia de las ideas políticas. En su obra El Espíritu de las Leyes –tratado de sociología enfocado hacia el derecho y la forma de gobierno–, plasma atinadamente sus ideas sobre la separación de los tres poderes del Estado, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y señala que de su equilibrio depende la base de todas las constituciones liberales y democráticas. Para él la ley es la regla que guía nuestras acciones, prescritas por una autoridad a la que creemos con derecho de hacerla cumplir. Ante la falta de esta, el sistema se convierte en arbitrario, despótico y autoritario.

En lo que se refiere a nuestro sistema de administración de justicia podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es precario, alarmante y degradante; rodeado por los tentáculos de la corrupción. La sociedad civil ha hecho constantes esfuerzos para adecentar la administración de justicia en nuestro país, en busca de independizar los nombramientos de sus funcionarios, para que no sean designados, de a dedo, como en los tiempos de la dictadura. Se han hecho estudios, propuestas y mecanismos para mejorar, pero todo ha sido en vano. Se les ha presentado a los gobiernos de turno dichas propuestas, pero que las acepten es tan difícil como domar a un tigre recién sacado de su hábitat.

Hoy la administración de justicia es cuestionada por muchas razones. En el ámbito de lo penal, por ejemplo, un informe concluyó que es ineficiente, inhumana y corrupta. Además, hay deficiencias en el sistema de carrera judicial, lo que se complementa con la vulnerabilidad por los vaivenes de la politiquería; no hay independencia y se observa lentitud en los procesos por los intereses políticos creados, lo que se traduce, cuantitativamente, en un alto número de detenidos que no reciben sus sentencias en el tiempo estipulado.

La población percibe que la administración de justicia es objeto y sujeto de toda clase de corrupción, coimas, abultamientos de los honorarios a los abogados cercanos al poder, extracción y extravío de expedientes y de juicios que demoran años en resolverse. Todo esto vierte un fluido pestilente y nauseabundo en la estructura judicial y atrae a los coyotes que buscan un hueso para rumiar.

La prueba más fehaciente de esta situación la observamos, recientemente, con la interferencia del Ejecutivo en el Ministerio Público, al designar a una procuradora general con antecedentes y serios cuestionamientos por su oscuro pasado. A pesar de esto, fue ratificada en el cargo por los payasos de un circo, denominado Asamblea Nacional. Igual que en los tiempos de la narcodictadura, cuando las órdenes no se discutían, se cumplían; cuando había un sistema de facto, no de derecho, y la justicia se interpretaba y se impartía según el estado emocional del “comandante en jefe”.

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