RETENES POLICÍACOS

¿Qué seguridad nos da la agresividad policíaca?: Enrique Jaramillo Levi

Ante la desconfianza absoluta de la población con respecto a los malhadados retenes policíacos a deshoras, de los cuales algunos abogados locales disputan su legalidad, el Ministerio de Seguridad, o en su defecto la Policía Nacional, debe publicar en los medios escritos, en detalle y sin ambigüedades, la forma correcta de operar de los retenes; y, por supuesto, los policías deben apegarse a las normas establecidas.

Ante los hechos lamentables ocurridos en días recientes, estas son algunas cuestiones básicas que debe saber todo ciudadano cuando tiene la mala suerte de toparse con un retén: el número exacto de policías que debe tener un verdadero retén, el rango de quien esté al mando en cada caso, qué documentos están autorizados a pedirle a los conductores, si pueden o no retener dichos documentos, si pueden o no emplear el pele police y llevarse a alguien detenido por supuestas faltas administrativas menores (citaciones o multas pendientes, por ejemplo) que no constituyen delitos; además, cómo deben tratar a las personas y en qué casos pueden los policías ejercer violencia física o psicológica.

Y otra duda que ahora tiene la gente, ¿pueden las parejas de policías que andan por ahí, en bicicletas, parar sin más a los ciudadanos y pedirles identificación, sin ningún motivo justificado, como parece ser que empieza a ocurrir? ¿Dónde queda la Constitución en estos casos, los derechos ciudadanos? Que nos ilustren los abogados imparciales.

Por otra parte, se sabe de algunas situaciones en las que la información aparecida en estos aparatejos no está actualizada; y de otras, como lo atestigua la Lic. Angélica Maytín, en que se introduce en ellos datos totalmente falseados con el fin evidente de perjudicar a determinada persona. En este sentido, quienes el 26 de septiembre vimos su intervención en el programa “Debate Abierto” del Canal 4 de televisión, nos quedamos estupefactos ante la sarta de arbitrariedades absurdas que le ha deparado, en más de una ocasión, su desafortunado encuentro con el pele police.

La brutalidad policíaca –percepción mayoritaria que tenemos los ciudadanos, difícilmente rebatible a la luz de las evidencias físicas que han revelado las fotografías aparecidas en los medios y el testimonio del propio doctor Rafael Pérez Carrillo– fue ejercida contra el nefrólogo estando esposado en el piso, y con una saña atroz que jamás se aplica a los verdaderos delincuentes. Y todo parece indicar, a juzgar por otros testimonios que han ido saliendo, que no es el primer incidente de violencia que ocurre recientemente de parte de ciertos policías contra personas que tienen el valor de expresar su opinión o su queja cuando se sienten incómodos por algún aspecto concreto de una requisa arbitraria o inoportuna. ¿O es que ya no hay libertad de expresión?

Para colmo de males, la impunidad que provee a los policías, en prácticamente cualquier circunstancia, la Ley 74 del 29 de octubre de 2010, que modifica el artículo 127 de la ley 18 de 1997, exacerba más los ánimos de la ciudadanía cuando ocurren hechos lamentables como este que ha venido ocupando la opinión pública en los últimos días. No es posible que, para mantener contenta y sumisa a la tropa, el Gobierno apadrine tales atrocidades, violatorias de los más elementales derechos humanos. Una cosa es subirles el sueldo, lo cual sin duda hacía falta hace mucho tiempo, ya que arriesgan a diario sus vidas; pero no echar para atrás esa ley que los vuelve intocables mientras se les investiga, si es que tal cosa ocurre imparcial y responsablemente, es intolerable. Y a todas estas, ¿cómo queda la imagen del gobierno, cuando estas noticias y las fotos que las acompañan llegan a otros ámbitos con el limpio currículum de la víctima? ¿Un país de paz, de justicia, de favorables condiciones para la inversión extranjera, en el que se cumplen sin resquicios los derechos humanos? Quienes conocemos al Dr. Pérez Carillo sabemos que no es un delincuente, sino un profesional honorable. La Policía Nacional, mayoritariamente decente, no debe proteger a sus peores agentes, sino realmente hacer una investigación imparcial, al igual que el Ministerio Público. Y la defensora del Pueblo, sobre todo ella, tiene la obligación moral de pronunciarse, tajantemente, acerca de la iniquidad de este hecho que ya le da la vuelta al mundo.

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