ESTRUCTURAS

No alteremos la definición de democracia: Miguel A. Erroz G.

Aquellos que insinúan que “un sistema electoral justo es igual a democracia”, desorientan a la ciudadanía.

Las elecciones por sí solas, sin las estructuras necesarias, producen oligarquías. Un hecho elemental es que los funcionarios (jueces, fiscales, reguladores, etcétera) deben gozar de un alto grado de independencia de aquellos que los quisieran manipular para beneficio político o económico. Incluso apoderar a funcionarios “buenos” resulta inútil cuando no se les otorga independencia. Todos necesitamos conocer cómo se construyen estructuras con funcionarios independientes e imparciales, para así poder impulsar e influir en la materia. Los siguientes temas son importantes, debido a que dan a conocer las estructuras actuales y las que hacen una verdadera democracia, estos son:

1. La administración del personal. Se refiere a la habilidad de los políticos para coaccionar a funcionarios a través de la autoridad para nombrarlos, promoverlos o despedirlos. Igualmente, instituir reglamentos de carrera administrativa resulta ineficaz si el árbitro final es un político.

La solución implica divorciar la gestión de recursos humanos del control político. Por ejemplo, al establecer una comisión civil que administre científicamente la carrera de los funcionarios; también mediante elecciones no partidistas para cargos como fiscal.

2. El control de las finanzas. Se refiere a la habilidad de los políticos para coaccionar a los funcionarios por medio del control de los fondos designados a un organismo. Esto, así como el manejo de los nombramientos, prueba ser una influyente herramienta utilizada por los políticos para castigar a los que no promueven sus intereses, y premiar a aquellos que sí.

Una solución implica autorizar a los organismos para que usen su experiencia y conocimiento en asignar sus fondos de la manera más eficaz. Adicionalmente, en ciertas ocasiones, otorgarles la autoridad de recaudar sus propios dineros a través de gravámenes sobre la industria regulada refuerza aún más su independencia política.

3. La delegación de autoridad. Se refiere a estructuras que les conceden autoridad a políticos o a sus ministros para personalmente asumir la ejecución de la ley y el manejo de las compras. En estos casos, la independencia de los funcionarios prueba ser inútil debido a la falta de delegación de autoridad.

Para que la independencia sea de utilidad, los funcionarios deben ser los únicos con la autoridad de ejecutar compras y aplicar regulaciones, lo que requiere poderes cuasi judiciales, como imponer multas y sanciones dentro de un sector o industria. Además de autoridad, los organismos deben disponer de un grado adecuado de discreción y flexibilidad para decidir la forma más efectiva y eficiente de regular.

4. El juzgado de apelaciones. Se refiere a la capacidad de políticos o tribunales especializados (y politizados) para modificar o revocar las decisiones adoptadas por los funcionarios. Esto provoca que los funcionarios moldeen sus decisiones a la línea política preaprobada por los dirigentes políticos.

La solución ideal es que las decisiones de un organismo estén bajo la jurisdicción del tribunal general de justicia, que solo podría impugnar la legalidad de la regulación y el cumplimiento de los funcionarios con los procedimientos administrativos.

5. El monopolio de apoyo. Se refiere a la capacidad de la empresa privada para directamente coaccionar a los funcionarios si estos regulan una industria en la que los empresarios están organizados, pero los consumidores no. Los funcionarios independientes necesitan apoyo del sector civil para motivar a los políticos a que continúen otorgándoles autoridad y fondos monetarios. En casos en los que únicamente los grandes empresarios están organizados, los funcionarios se verán obligados a promover solo sus intereses para mantener el respáldo que necesitan. Una solución para romper este monopolio natural es unir a un organismo con este problema a otro que naturalmente goce del interés de múltiples grupos civiles organizados (e influyentes) y del mercado competitivo de apoyo que estos crean.

6. La fragmentación en la jurisdicción. En Estados descentralizados se refiere a la capacidad de la industria privada para directamente coaccionar a los funcionarios a través de la facultad de elegir qué jurisdicción (y funcionario) los gobernará. Esto fuerza al funcionario de cada jurisdicción a competir por atraer negocios (y su riqueza) al ofrecerle a la industria tratos y reglamentos aun más laxos que los de otras jurisdicciones.

Una solución es concentrar organismos autónomos dentro de una sola autoridad nacional en aquellas industrias con mercados nacionales, como la de seguros y de manufactura.

Lo anterior es una breve introducción a temas que son indispensables para aquel que realmente desee democracia. Es decir, la ciencia indica que el nivel de dependencia (y parcialidad) de un funcionario es una variable altamente controlable.

Estudios sobre este tema han hecho autores como: Steven A. Ramírez, 2000 wm; Claude Byer, 2004 oocur; Ansord E. Hewitt, 2004 oocur/crrc.

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