REVOCACIÓN DE VISAS

Ningún asunto personal

PANAMÁ, R.P. –Una de las cosas más absurdas que he escuchado en mucho tiempo es la noción de que “es un asunto personal” que Estados Unidos le revoque la visa a un funcionario por supuesta corrupción o criminalidad. Salomón Shamah tuvo la desfachatez de tratar de refugiarse en ese argumento, y encontró el apoyo del ministro José Raúl Mulino y del presidente Ricardo Martinelli.

“Si le quitaron la visa o no, eso no es problema mío. Es problema del Gobierno norteamericano, que tiene la potestad de darle una visa a quien ellos quieran”, dijo el Presidente.

No, señor Presidente. Podrá ser un asunto personal que Estados Unidos le niegue una visa de turista a Juan Pérez que quería ir a Miami de compras o llevar a su familia a Disneyworld, pero es un asunto de Estado que los estadounidenses le revoquen la visa a un ministro o alto funcionario como castigo por supuestos actos ilícitos, basados en información que la Embajada de Estados Unidos en Panamá considera “creíble y contundente”. [credible and compelling].

En un caso así, el involucrado tiene la obligación de responder ante la ciudadanía y el Gobierno tiene la obligación de investigar hasta las últimas consecuencias, con la posible destitución inmediata del funcionario. Por razones que explico más adelante, no digo que siempre debe ser separado inmediatamente (ahora dicen que Shamah será remplazado), pero sí digo que un gobierno genuinamente comprometido con la anticorrupción respondería con máxima seriedad a la situación, sin refugiarse en el argumento ridículo de que es un asunto personal.

Por otro lado, es cierto que los procedimientos estadounidenses no dan oportunidad a que el involucrado presente una defensa contra lo que se le imputa. En 2001, tras la revocación de la visa de Ernesto Pérez Balladares, David Cole, profesor de derecho constitucional e inmigratorio, en la Universidad de Georgetown, me explicó cómo se manejan estos casos. Resulta que los funcionarios consulares y el Departamento de Estado tienen discreción “casi total” para aplicar las leyes que regulan el otorgamiento de visas, sin que la persona afectada tenga garantías procesales, posibilidad de apelación o recurso a los tribunales.

El Departamento de Estado solo tiene que tener “una razón legítima y de buena fe” para sustentar su decisión. La persona afectada –tratándose de un extranjero que se encuentra fuera del territorio estadounidense– no está protegido por las garantías constitucionales de Estados Unidos y no tiene recurso jurídico alguno para impugnar la negación o revocación de la visa.

En el caso de Pérez Balladares, mi información a la época era que a él se le dio una oportunidad para que sus abogados en Washington presentaran pruebas para refutar las bases de la decisión. Se me indicó que esta cortesía fue extendida por tratarse de un exjefe de Estado y el profesor Cole opinó que si Pérez Balladares tuvo oportunidad de impugnar las “bases probatorias” de la revocación de visa, eso fue “muy inusual”. En todo caso, el hecho es que Pérez Balladares jamás tuvo las garantías que hubiera tenido en un juicio penal y él ha protestado su inocencia sostenidamente, todos estos años. Más recientemente, el cable estadounidense (Wikileaks) que explica la revocación de la visa de Winston Spadafora confirma que este no tuvo oportunidad de defenderse ante los norteamericanos de las acusaciones contra él que ellos, internamente, manejaban.

Pero no por eso debemos, simplemente, descartar esas acusaciones y las otras que han motivado revocación de visas para funcionarios, que son gravísimas. Un funcionario en esta situación tiene el deber de responder ante los ciudadanos y la justicia panameña. No se quiere condenar a un inocente, pero si hay información exculpatoria queremos saber cuál es, no que el funcionario y el Gobierno pretendan esconderse tras la cortina de “asunto personal”.

Tenemos derecho a que se nos den explicaciones y a que se haga justicia.

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