REVOLTIJO DE LEYES

De nuestro bestiario legislativo: Roberto Brenes P.

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Subió Juan Carlos Varela y todos esperamos un gobierno mentalmente sano, cortés y abierto. Pero cuando revuelvo la mirada hacia la Asamblea, no puedo menos que sentir espanto. Nuestros nuevos diputados, quizá con fines loables, promueven un revoltijo de leyes, que van en directo detrimento de los derechos de propiedad y los derechos personales.

Empiezo por las flagrantes violaciones a los de propiedad. Ahora queremos una ley que haga gratuito los estacionamientos privados. No se trata de que si cobren por hora o den tiempo gratis. Es, según sus proponentes, un derecho ciudadano. Un derecho ciudadano por encima del derecho del dueño del estacionamiento; o sea una confiscación de la propiedad privada y los beneficios que se deriven de ella. Pero a sabiendas que no hay asidero constitucional insisten. ¿Qué será lo que quiere el negro?

Si hay escasez de estacionamientos gratuitos, ¿por qué no legislan para que los que están en áreas públicas –que sí son de todos– sean libres? Y que los municipios se olviden de sus “parquímetros”. ¿Por qué no hacen estacionamientos públicos, gratis, en los puertos y aeropuertos, donde sí son verdaderos monopolios estatales?

Otra locura en el horno es la de controlar la colegiatura de las escuelas privadas. Si la relación entre familia y colegio es un arreglo privado y, sobre todo, voluntario, ¿qué tiene que hacer el Gobierno en el medio de tal relación? Un control de los precios de las escuelas tendrá el mismo efecto del control de la comida: el desabastecimiento y, con ello, una mayor presión sobre el sistema público.

Aún más, Panamá se ha convertido en un importante centro de sedes corporativas, y uno de nuestros atractivos es tener escuelas privadas con buenos estándares. Si las escuelas se deterioran o se esfuman porque la Acodeco piensa que ganan mucho, también se irán los cientos de ejecutivos y sus familias a un lugar de mejores escuelas. La persecución de la rentabilidad de la escuela privada solo perjudicará a la clase media que, con grandes sacrificios, busca educar mejor a sus hijos, habido el colosal fracaso del sistema público. Y hablando de extranjeros, ¿qué tal el sancocho de las razas? Con la idea de detener un programa que busca regularizar a los emigrantes y darles una vía más rápida y barata, que la dantesca aventura que supone la ley de migración, se arma una pelea entre abogados; quieren el monopolio que les concede la ley de migración y lo que se rebuscan en el Crisol de Razas. El programa tiene sus defectos y será necesario reformarlo, pero en la discusión de la iniciativa legislativa afloró un sentimiento xenofóbico, odioso e injustificado, lleno de medias verdades. Si los emigrantes les quitaran empleo a los panameños, ¿cómo es que en los años de mayor inmigración, el desempleo lejos de aumentar, se redujo a niveles históricos?

La emigración siempre ha sido beneficiosa, aún la de los pobres. ¿O es que los primeros chinos, gallegos, croatas o sefarditas que se asentaron acá eran ricos y educados?

Panamá enfrenta un reto de envergadura con la expansión del Canal, y nuestro éxito en las actividades de logística, tecnología y finanzas, ahora más que nunca, depende de gente preparada. Necesitamos hoy y ahora llenar este vacío para seguir creciendo.

Pero las ocurrencias siguen. Un diputado con apodo de fritura, y en tono de reyezuelo criollo, quiere prohibir en el país el uso de banderas diferentes a la nuestra. La ocurrencia es otra horrenda discriminación. Pero es mucho más, es una violación al derecho de expresarse con libertad. Cada quien puede ondear la bandera que quiera y poner en su casa, su carro o su camiseta la enseña y el emblema que le parezca, siempre y cuando no viole los derechos de otros. Punto.

Y no menos importante, otra vez el Gobierno (pero pocos diputados) insiste en restringir más la ley de porte de armas. El argumento es viejo e indefendible. La veda en la importación que el Gobierno le impuso al país por cuatros años no redujo el crimen, más bien aumentó. Pero es cómodo demonizar al ciudadano y, con ello, seguir conculcando derechos, ahora el de defenderme. Si la vida es un valor supremo, ¿cómo es que no tengo un derecho supremo a defender la mía y la de los míos? Señores ciudadanos, pónganle atención a estas ocurrencias, antes de que acabemos tiranizados por leyes absurdas.

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