FALLO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Se hizo añicos el blindaje policial: Carlos M. Herrera Morán

El Estado democrático de derecho no se gobierna con la razón de la fuerza, sino por la fuerza de la razón. Después de más de tres años de vigencia de la odiosa y nefasta Ley 74 de 2010, que creó un blindaje jurídico en favor de los miembros de la fuerza pública, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional esa excerta legal.

La disposición impugnada establecía respecto a algún miembro de la Policía Nacional “querellado, denunciado, imputado o procesado por la comisión de un delito ejecutado en acto de servicio, en cumplimiento del deber, exclusivamente por motivo del uso de la fuerza, no se ordenará la detención preventiva ni se decretará la suspensión provisional del cargo público que desempeña, hasta que concluya el proceso con resolución ejecutoriada”.

Añadía que mientras transcurriera el proceso, el policía “será asignado únicamente a trabajos administrativos dentro de la fuerza pública”, cobrando puntualmente su salario, desde luego. Una ley como esta solo pudo nacer en mentes retorcidas enquistadas en el Gobierno, que no respetan los derechos humanos.

En una demanda de inconstitucionalidad que promovimos, días después de la promulgación de esta ley, señalamos que vulneraba la obligación constitucional que tienen las autoridades de la República –incluidos los miembros de la fuerza pública– de proteger en su vida, honra y bienes a los istmeños, en todo el territorio nacional (Art. 17 de la Constitución Nacional).

Con la prerrogativa funcional contemplada en la Ley 74 se dejaba de asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales, porque permitía que los policías hicieran uso indiscriminado y excesivo de la fuerza letal, en detrimento de la vida de los nacionales y extranjeros, so pretexto de realizar tareas de sus cargos, con completa impunidad.

Además, la ignominiosa ley creaba un inaceptable privilegio, que generó arbitrariedad, porque están prohibidos los privilegios que crean desigualdades legales entre panameños (Art. 19 de la Constitución). En el caso que nos ocupa se institucionalizó una desigualdad a favor de la Policía Nacional.

En la demanda vaticiné que “este fuero judicial –no hay cárcel ni separación del cargo– sin duda alguna contribuirá a la comisión de arbitrariedades, represiones y tratos crueles en perjuicio de los conciudadanos”. Esta premonición se tiñó con la sangre de los menores convertidos en antorcha humana en el Centro de Cumplimiento de Tocumen, de los jóvenes asesinados en la 5 de Mayo, de los menores muertos en San Carlos, de las profesoras heridas de balas en Villa Zaíta, del dirigente obrero que, milagrosamente, salvo su vida y la de su hijo, entre otros casos.

En la mañana del lunes 16 de diciembre, la Corte Suprema dictó una sentencia que declaraba inconstitucional la oprobiosa ley. Este triunfo fue posible por la lucha de los sindicatos, periodistas, sociedad civil, Colegio Nacional de Abogados, sectores empresariales y personajes independientes. El esfuerzo colectivo arrancó de las gavetas de algunos magistrados deshonestos la histórica sentencia, cuyo ponente fue el magistrado Jerónimo Mejía (la resolución tiene fecha de 29 de diciembre de 2011).

La sentencia establece que “el ejercicio de la fuerza representa una manifestación del poder que tiene el Estado para alcanzar los fines de protección de la vida, honra y bienes de los asociados. Al estar vinculada con el deber-poder de protección, debe ser racionalmente y estar limitada por las mismas razones y fundamentos que sirven para limitar el poder. En un Estado constitucional y democrático de derecho no se concibe un uso ilimitado de la fuerza, por lo cual esta debe estar reglamentada por una ley formal expedida por la Asamblea Nacional”. En ese orden de ideas, agrega que la fuerza pública “está obligada a seguir rigurosamente el protocolo legal que regula el uso de la fuerza, teniendo presente que esta ha de ser utilizada con cautela, cuando sea estrictamente necesario, de manera racional y proporcionalmente a las circunstancias, pues se puede afectar y restringir derechos y garantías fundamentales. De ahí que se exija prudencia, ya que es lo que permite estar en capacidad de dosificar la intensidad apropiada para cada circunstancia en la que debe aplicarse la fuerza”.

La Ley 74 de 2010, declarada inconstitucional, quedó derogada y como quiera que en el sistema jurídico la sentencia de la Corte en materia de inconstitucionalidad no tiene un efecto retroactivo (Art. 2573 del Código Judicial) y tampoco contempla el fenómeno de reviviscencia de la ley derogada (Art. 37 de la Constitución Nacional) se debe aplicar a los miembros de la fuerza pública las medidas cautelares contempladas en el artículo 2127 del Código Judicial, entre ellas la detención preventiva.

En toda sociedad democrática y estado de derecho, los estamentos represivos y de seguridad se someten a un riguroso canon de prudencia y necesidad. No hay espacio para privilegios en el uso de la fuerza, porque esto sería la puerta de entrada a la arbitrariedad. El Ministro de Seguridad debe encuadernar la sentencia y hacerla una “biblia del protocolo legal” que rija en el uso de la fuerza letal por parte de todos los miembros de la fuerza pública.

Finalmente Ley 74 de 2010 descansa en paz. Los istmeños hemos hecho añicos el esperpéntico blindaje policial.

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