GOBIERNO

Hacia un cambio constitucional: Gil Moreno

La Constitución, en su artículo 2, establece que el poder solo emana del pueblo, lo establece por medio de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración. Esto es en teoría, pero en la práctica no se aplica, porque una vez en el poder, lo único que persiguen los gobernantes, principalmente el Presidente de la República, es controlar los otros dos órganos del Estado.

Claro, porque al no tener a la Asamblea y al poder judicial (Corte Suprema de Justicia) sumisos y a su disposición, no podrían gobernar como ellos quieren. Se verían muy limitados en sus abusos y en sus desmedidos apetitos, porque estos dos poderes, si fueran independientes, serían un freno a sus insaciables ambiciones y a la corrupción.

¿Y por qué no se logra este balance y este contrapeso que la propia Constitución preconiza? Sencillamente, porque la misma Constitución establece que son funciones del Consejo de Gabinete, controlado por el Presidente, designar a los magistrados de la Corte Suprema y a los procuradores, sujetos todos estos nombramientos importantes, como el contralor, a la ratificación de una Asamblea Nacional, casi siempre sumisa al Presidente de la República.

Todo esto nos está indicando que si no se cambia el método de elegir o nombrar a los magistrados, a los procuradores, y al propio contralor, seguiremos en las mismas. Llama poderosamente la atención que en las innumerables reformas que se le han hecho a la Constitución no se haya cambiado este sistema de selección tan nefasto y antidemocrático, porque siendo el Presidente quien los escoge, estos funcionarios pierden su autonomía y su imparcialidad.

En estas condiciones, la tal separación de los poderes es simple letra muerta, por lo que se hace necesario cambiar el sistema de selección de estos funcionarios, de manera que sea el pueblo el que los escoja libremente, entre los más probos y preparados, para que cumplan la función social que la propia Constitución le consagra, que es la de velar para que haga justicia sin distingos políticos ni económicos.

Pienso que tenemos que cambiar este sistema de selección, caduco e inconveniente, por uno más justo, de modo que las personas nombradas en estos cargos sean escogidas libremente, ya sea en cabildos abiertos, en asambleas populares o través de los grupos cívicos (con revocatoria de mandato) y ratificados por la Asamblea Nacional.

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