REGLAS ACTUALIZADAS.

De camino al sistema acusatorio

Hace escasos tres años, ante el clamor ciudadano que se manifestaba en contra del Sistema de Administración de Justicia, el Presidente de la República condujo la suscripción del Pacto de Estado por la Justicia, con el cual las instituciones dedicadas a la aplicación del Sistema Judicial, entre otras, sellamos el compromiso de configurar un régimen moderno, fundamentado en la transparencia, la eficacia y la legalidad. Así, los miembros del Pacto de Estado por la Justicia (Ejecutivo, Judicial, Legislativo, el Ministerio Público con sus dos Procuradurías, la de la Administración y la General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Colegio Nacional de Abogados, Alianza Ciudadana Pro Justicia, el Ministerio Público; y como garantes, el Comité Ecuménico), reconocimos la urgencia de dirigir nuestros esfuerzos en pro de una reforma judicial que incluyese, entre otros aspectos, cambios en los procedimientos y en la normativa del Sistema de Justicia, tendientes a optimizar la labor del Órgano Judicial y del Ministerio Público.

Una de las cinco áreas prioritarias de desarrollo –la reforma integral de la jurisdicción penal– propuso la adopción de un nuevo Código Penal y de un nuevo Código de Procedimiento Penal. El objetivo: consagrar en nuestra jurisdicción penal los elementos de un Estado Constitucional de Derecho, especialmente el respeto a las garantías fundamentales y los derechos humanos, así como el equilibrio de los derechos de las víctimas y de sus familiares, sustentados en una política criminológica de Estado. Como resultado, se espera la instauración de un nuevo marco legal que garantice un Sistema de Justicia Penal de corte acusatorio, así como un nuevo Código Penal con proporcionalidad entre la pena y la gravedad del delito. En consecuencia, tras el desarrollo y materialización de los compromisos, hoy estamos en los umbrales de la implantación de este nuevo modelo de Código Procesal Penal. Las reglas que rigen los actos del Ministerio Público han sido actualizadas con nuevas corrientes y teorías doctrinales del Sistema Acusatorio, normativa garantista que representa uno de los pilares actuales del Estado constitucional, democrático y social de derecho.

El sistema acusatorio se fundamenta en los dogmas de la última ratio del derecho penal –respeto a la dignidad humana y los principios de necesidad y proporcionalidad de la pena–, que buscan una justicia sin dilaciones indebidas, con reglas, principios y garantías, tales como: de publicidad, oralidad, celeridad, inmediación y contradicción de la prueba. Es un sistema que se sustenta en las obligaciones internacionales que en materia de derechos humanos adquirió Panamá, al ratificar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantizan la igualdad de las partes, la legitimidad de las pruebas, el derecho a una adecuada defensa técnica, a que existan jueces justos e imparciales, pero sobre todo, un adecuado control constitucional del derecho penal. Es un sistema que se proyecta como un modelo que garantiza a todos los ciudadanos que, en caso de ser juzgados, se les respetará el debido proceso y que recibirán un juicio justo; pero también que debe velar por el reconocimiento de los derechos de las víctimas y atender los fines de defensa social y seguridad ciudadana. Además, otorga a todos los ciudadanos el respeto al derecho general de acceso a la justicia, entendido como la justa resolución de los conflictos de conformidad con la ley y dentro de plazos razonables, en igualdad de condiciones para las partes involucradas, ya que asegura la armónica convivencia de la sociedad y evita circunstancias que generen el deseo de venganza, motivado por la falta de confianza y de credibilidad en el sistema, y por un sentimiento de justicia insatisfecho, en lugar de una aspiración de castigo. Para ello, el Ministerio Público, necesita, para dotar al proceso de la prueba legalmente obtenida de manera oportuna y fielmente preservada, de un cuerpo de investigación técnico y científico más capacitado en materia de derechos humanos, debido proceso, técnicas de investigación, entrevistas, redacción de informes, procesamiento y análisis de la escena del crimen.

Para las agencias que componen el Ministerio Público, este nuevo paradigma implica la renovación del compromiso de perseguir los delitos, ahora bajo una nueva estructura y con nuevos procedimientos que conllevan, necesariamente, un cambio de nuestro pensamiento jurídico y comportamiento procesal como agentes de instrucción; y para la sociedad implica que debe adoptar cambios integrales, romper con la creencia de que justicia es igual a cárcel, pues el sistema contempla la privación de la libertad como la última de las medidas y se varía el mínimo de las sanciones para la detención preventiva.

Consecuentemente, impulsamos a lo interno del Ministerio Público la capacitación de nuestros funcionarios con la colaboración de entidades internacionales, entre ellas el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que nos apoya con eventos como el curso de capacitación de tres días sobre sistema acusatorio, dictado a fiscales superiores y fiscales de todo el país por procesalistas catedráticos de la Universidad Externado de Colombia.

Recordemos que la búsqueda de soluciones a la necesidad de generar mayores niveles de justicia y seguridad no sólo depende de quienes estamos en el sistema de administración de justicia, sino de todos y, muy especialmente, del apoyo que nos brinden quienes deben dotarnos de las partidas presupuestarias cónsonas con los compromisos que se adquieren con la implantación del sistema acusatorio, mismo que conlleva trascendentales cambios estructurales. El filósofo y catedrático español Miguel de Unamuno, sobre el concepto de cambio, concluyó de manera sencilla y clara: "El progreso consiste en el cambio". De la lectura de este pensamiento colijo que quien se prepara para los cambios entonces encontrará progreso en sus acciones.

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