PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Sobre la ciudad, el campo y la descentralización: Carlos Gómez

Por lo general, las ciudades son lugares dinámicos y en constante transformación, mientras que el campo es menos susceptible a estos cambios. Sin embargo, su actividad productiva es clave para proveer alimentos y materias primas a la ciudad y, también, para asegurar el acceso a recursos vitales como el agua y los bienes y servicios ambientales que los ecosistemas forestales nos ofrecen.

El crecimiento económico que ha tenido el país permite que hoy día se desarrollen muchas áreas urbanas, pero también, muchas áreas rurales. Esto, obviamente, le genera beneficios a la población en términos de empleo y mejores condiciones de vida. Sin embargo, cuando ocurre sin la debida planificación territorial, puede provocar serias distorsiones en la disponibilidad y la reserva de recursos naturales, como los suelos productivos, los bosques y el agua.

Una herramienta eficaz para planificar el uso adecuado de las áreas es el ordenamiento territorial que se aplica, tanto en las zonas urbanas como rurales. Por lo general, los países en desarrollo carecen de estos instrumentos de planificación, y se caracterizan por tener un crecimiento espacial desordenado. Lamentablemente, nuestro país no escapa a esta realidad.

La planificación territorial, en términos sencillos, se refiere a la ordenación voluntaria del territorio de acuerdo a las capacidades naturales de los ecosistemas, de forma que su uso no afecte la integridad ambiental actual ni futura.

Cada año observamos cómo avanzan los diversos proyectos en las zonas rurales. Estos cambian el uso del suelo, con impactos negativos en la cobertura boscosa y demás recursos naturales.

Un ejemplo crítico es lo que ocurre en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. El avance de la urbanización en esa cuenca es muy alto, por estar cerca de la urbe metropolitana. Sin embargo, tiene limitaciones para albergar tal avance urbano.

Es urgente establecer un límite administrativo a todo este crecimiento, de lo contrario, los daños irreversibles ya causados, continuarán a niveles críticos para la convivencia comunitaria.

Igual ocurre en otras áreas del país. Por esto, se debe establecer, cuanto antes, un plan nacional de ordenamiento territorial, de manera que cada municipio conozca bien el tope de permisos que puede otorgar para diferentes tipos de proyectos, sobre todo ahora que se aprobó la descentralización municipal.

La ausencia de una adecuada planificación puede provocar desequilibrios territoriales que afecten los recursos naturales y, por ende, el desarrollo del país. Adicionalmente, todo proceso de ordenamiento debe ser participativo y flexible para adecuarse a los cambios tecnológicos.

Las autoridades municipales deben ser conscientes de que el territorio que administran no es solo un fragmento de naturaleza formada por elementos físicos y ambientales, sino que es un espacio determinado por las acciones de distintos actores, tanto públicos como privados, en donde se produce y distribuye la riqueza que se genera como producto del “uso sostenible” de ese territorio.

Cada municipio debe contar con una oficina de ordenamiento territorial que le ayude a planificar el uso de su territorio. Para esto se establecen categorías de manejo del suelo que pueden ir desde uso industrial, residencial, agrícola, pecuario y forestal, entre otros. Además, es importante que en los planes de manejo de las 52 cuencas hidrográficas del país se incorpore la planificación del uso del territorio y, por otro lado, que los usos actuales ocurran bajo criterios de sostenibilidad ambiental o bien llevarlos hacia ese objetivo. Como resultados positivos de ese ordenamiento, evitaremos la degradación de los recursos naturales; el establecimiento de un balance equitativo entre el desarrollo urbano y el rural, y contribuiremos al desarrollo sostenible, al que todos los ciudadanos conscientes aspiramos.

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