Todos comen en la misma paila

Ojalá que los jefes de los tres poderes del Estado hagan la tarea que el momento histórico les exige y el Ministerio Público coadyuve en este esfuerzo

No es la primera vez que toco el tema de la corrupción de la clase política panameña, parecida, en mayor o menor escala, a la corrupción de la clase política, con contadas excepciones, en todas partes del orbe. Corrupción esta, causante, como todos sabemos, de crisis como las que hoy viven Perú, Venezuela y Argentina.

El espectáculo que en los días más recientes ha protagonizado un legislador acusado de haber recibido millón y medio de dólares y otra serie de prebendas para votar el 9 de enero pasado a favor de Alberto Cigarruista en la Corte Suprema de Justicia es digno de una película de Cantinflas. Este legislador, acosado por las concretas denuncias que sobre su comportamiento legislativo se hicieron, siete días después acusa a sus compañeros de partido de haber recibido el 29 de diciembre, o sea, hace 19 días, un sobre con 6 mil balboas, como abono al voto favorable que ese día le dieron al tercer debate del proyecto que creaba el Centro Multimodal en Colón. El resto, o sea, 14 mil balboas, se los darían entre el 14 y el 15 de enero pasado.

Cuando a este legislador, que antes de ser PRD, era PALA, le preguntaron qué iba a hacer con esos seis mil balboas, que tan celosamente guardó por espacio de 19 días y que serían la prueba del delito de corrupción a funcionarios públicos, éste dijo que él necesitaba ese dinero para realizar las tantas obras sociales que requiere su circuito. Cuando oí esto en la televisión casi me da un ataque de risa. Además, me puse a pensar, si esos billetes que mostraba y que tan celosamente decía haber guardado, eran los mismos que supuestamente le habían entregado.

La corrupción en la Asamblea no es nueva. Desde los tiempos que me inicié en política, hace ya más de 38 años, ya escuchaba del “botellerío” en la Asamblea, propio de quienes ocupaban los cargos directivos en dicho Organo del Estado. Recuerdo que tras el golpe del 68, los diarios publicaron la extensa lista de “botellas” que en ese momento tenía el presidente de la Asamblea nombradas allí. “Esa corrupción” imperante en la clase política de entonces fue una de las motivaciones que dijeron justificaba el golpe de Estado.

Pero, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿la corrupción en la clase política sólo se queda en la Asamblea Legislativa? ¿La podemos aislar allí, como algunos “puritanos” ahora pretenden?

Vivimos una sociedad corrupta, y los gobernantes no hacen nada para cambiar ese esquema de prácticas dañinas por más que antes de llegar al poder hagan tantas promesas por erradicarlas, como es el caso del actual gobierno. Cuando se repartieron los Cartier en 1999, que los legisladores Arosemena y Arias no aceptaron, ¿qué perseguía la Presidencia de la República, sino congraciarse con todos los legisladores?

Veamos el caso de los legisladores del gobierno. A casi todos les tienen a sus suplentes “trabajando” en alguna oficina pública, en adición a los 2 mil dólares que reciben como viáticos de la misma Asamblea, en adición de lo que le pagan cuando reemplazan al principal. A muchos les tienen a parientes nombrados en el servicio exterior, protagonizando algunos escándalos que han tenido que ser destituidos. El apoyo de los legisladores oficialistas al gobierno, como se ve, también tiene un alto precio para los contribuyentes, porque necesariamente no son los mejores los que se nombran para representar los intereses del país.

Descubrimos en su oportunidad (25 de septiembre del 2000) cómo en el IDAAN se cobraba a sus funcionarios cuotas para un partido aliado del gobierno, y cómo en esa entidad se repartían contratos a gente de ese partido. Fue vox populi el hecho de que también se cobraban cuotas en otras instituciones, pero como el fiscal electoral no se pudo multiplicar, todo se quedó en el IDAAN. La presidenta Moscoso nunca actuó de acuerdo con sus promesas de que erradicaría la corrupción, viniere de donde viniere. Igual ocurrió con el debate que promovimos sobre las abultadas e innecesarias planillas de la Oficina del ministro de Asuntos del Canal y que con sus 118 funcionarios se quedaron iguales, aunque estos constitucionalmente no tengan mayores tareas.

Y si el Ejecutivo tiene responsabilidad en esto, el Organo Judicial también. A inicio de 1999, junto con mi socio Víctor Martínez, presentamos un recurso de inconstitucionalidad en contra de los privilegios de los suplentes de los legisladores (exoneraciones de autos, pasaportes diplomáticos, franquicia telefónica, no poder ser destituidos mientras actúan como funcionarios públicos, etc.). La procuradora de la Administración, al emitir su vista, concordó que tales beneficios riñen con la Constitución y pidió a la Corte declarara inconstitucional los artículos de la Ley del Reglamento de la Asamblea que establecía esos aberrantes y odiosos privilegios. Ya siendo legislador habíamos pedido a la Corte la eliminación de estos privilegios para los legisladores principales pero, aduciendo un precedente anterior, se nos negó lo que pedíamos.

Desde el 8 de agosto del 2000 ese recurso está por fallarse. Estaba en manos del magistrado Eligio Salas, quien ahora es reemplazado por Alberto Cigarruista, quien se deberá declarar impedido para tocar este tema. Pasará a un suplente y allá se pasarán dos años más. ¿Por qué no comenzar por allí, por qué demorarse tanto en un recurso que le va a dar a la Corte Suprema el sentido de independencia del que hoy carece?

El momento de las lamentaciones debe terminar. Todos, la presidenta de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la Asamblea Legislativa, en un esfuerzo conjunto, deben tomar el toro por los cachos para que en materia de corrupción pongamos un alto, antes de que sea muy tarde. Como primera medida, la presidenta Moscoso deberá sancionar la Ley de Transparencia. Ojalá que los jefes de los tres poderes del Estado hagan la tarea que el momento histórico les exige, y que el Ministerio Público coadyuve en este esfuerzo para investigar los tantos delitos de corrupción que se han denunciado últimamente. El país no puede pensar que todos comen en la misma paila.

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