INFORMAR A LA SOCIEDAD

La corrupción y la prensa: Pedro Ernesto Vargas

Me tomo el título de otra opinión, de Fermín Bocos, publicada en Madridpress.com, el 8 de junio del presente año. En esa opinión se destaca, entre otras cosas, que “sin prensa libre la corrupción, que es cáncer de la democracia, se extendería por todo el cuerpo social. La prensa cumple, pues, un papel esencial al airear hechos y aportar datos sobre abusos o maquinaciones que desembocan en enriquecimientos ilícitos”.

Arduo papel y riesgoso. En las regiones más violentas del continente, el periodista que informa se desangra con detestable frecuencia a la entrada o salida de su casa o de su imprenta por investigar y denunciar un cuantioso delito administrativo o el denigrante clientelismo basado en ecuaciones de compra y venta concebidos en las recámaras gubernamentales; por descubrir las raíces que penetran a la sociedad, y la extensión de ellas, de los delitos relacionados con el tráfico de drogas, de seres humanos, de riquezas mal habidas, de descarados asaltos a la propiedad privada o a los ciudadanos del país; o por descubrir el oscuro manejo de dinero ajeno y en contubernio delictivo con poderosos financistas –nuevos o viejos– educados en la bribonada y en la burla, siempre protegidos por la impunidad imperante.

Hay también periodistas que se pudren en cárceles, se les empobrece con multas económicas de vulgar calibre, se les exilia o se autoexilian, mientras otros dejan de cumplir sus labores periodísticas por subir y bajar peldaños en las instituciones judiciales que abrigan y alimentan la corrupción. Como bien lo señalan Christof Heyns y Sharath Srinivasan (Human Rights Quarterly, 2013;36:304-332), los periodistas y el periodismo juegan un papel central en la formación de una sociedad que priorice la amplia y abierta discusión de hechos para buscar la verdad; en oposición a una basada en rumores, prejuicios y el ejercicio autoritario del poder. Cierto es, como también nos recuerdan Heyns y Srinivasan, si los periodistas son señalados deliberadamente para acallarlos, y si esos ataques a sus derechos no son castigados, los medios dejan de ser libres. No es pues necesario cerrar “desde ya” rotativas y accesos a ellas para justificar la preocupación real de que la corrupción y los corruptos atentan contra las libertades individuales y colectivas, contra la justicia y contra los regímenes democráticos de debilitadas instituciones. La riqueza se esfuma entre los dedos de unos cuantos y la pobreza sigue siendo el marco para prostituir la voluntad popular y aplastar la dignidad de los hombres y mujeres.

El periodismo sano tiene la obligación de combatir a esa parte de la sociedad convenidamente sumergida en un particularismo, que le da acceso a los grupos privilegiados y de poder, porque allí se cuece la corrupción. Esos grupos, como lo dice Alina Mungiu-Pippidi (Journal of Democracy 2013;1:101-115), son puntuales obstáculos para que la sociedad como un todo construya los límites y las restricciones que asegurarán la presencia de una ética que permita su desarrollo bajo estructuras horizontales en lugar de verticales, erigidas por privilegios de espontánea generación. Sin embargo, le toca al periodismo responsable movilizar la opinión pública en ese sentido, y esto no es nada fácil de lograr frente a una férrea oposición, creciente, organizada y bien apertrechada por su poder económico, donde “patrones y predadores” se consolidan no solo para proteger el imparable influjo de bienes y riquezas, sino mejorar ese obsceno flujo de lujos y petulancia.

Tanto la libertad de expresión como la de pensamiento van parejas con el derecho de recibir información necesario para que el público o el ciudadano pueda optar por decisiones informadas y se constituyen en una garantía, no solo para ejercer la democracia sino para lograr gobernabilidad en las naciones. Por ello, el ataque vil y cobarde contra el periodista que cumple con su labor de informar es un ataque a toda la sociedad. Su silenciamiento nos pone a todos los ciudadanos un sello en los labios; su cárcel nos birla la libertad; su secuestro y desaparición nos hace invisibles; su asesinato nos hiere de muerte a todos.

Como un día lo escribiera Irma Flaquer, la periodista guatemalteca que en 1980 fuese secuestrada y desaparecida y, como lo relata magníficamente June Erlick en su libro Desaparecida: “la obligación del periodista honrado es decirles la verdad a sus lectores. No importa que la verdad afecte a la izquierda o a la derecha, o si esa verdad hace que el Gobierno quede bien o favorece a la oposición... Yo creo que mi obligación es decir la verdad, sin importar a quién le duela”.

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