RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

El crecimiento económico y la preservación del ambiente: Ninotshka Tam

El crecimiento que ha experimentado Panamá en los últimos años es el fruto de la actividad económica desarrollada en los distintos sectores: agropecuario, generación de energía térmica, transmisión y distribución de electricidad, explotación de minas y canteras, entre otros, que impactan directamente el medio ambiente y los recursos naturales, convirtiendo su preservación en un verdadero desafío.

No obstante, la necesidad de lograr crecimiento puede reconciliarse con la sostenibilidad ambiental, a través del desarrollo y aplicación de las estrategias y políticas adecuadas. A modo de ejemplo, a pesar de que en Panamá un 35% del territorio nacional está definido como área protegida (alto en comparación al promedio de 20% de otros países del área), paradójicamente, la nación presenta uno de los niveles más altos de desforestación. El desarrollo de nuevas vialidades puede contribuir a reforzar la interconectividad, pero si se desarrolla en áreas ecológicamente sensibles, conllevará un riesgo que a largo plazo puede generar costos ambientales muy altos.

En cuanto al impacto ambiental de las actividades económicas, se puede mencionar que si bien la participación del sector turismo en el producto interno bruto ha aumentado, también resulta cierto que el crecimiento sostenido de este sector y de la economía en general depende, precisamente, de una mayor protección y gestión ambiental. Tal es el caso de la provincia de Bocas del Toro, en donde la expansión considerable de la infraestructura hotelera, junto a la ausencia de un adecuado sistema de tratamiento de aguas, ha provocado la destrucción de manglares, corales y ha amenazado a ciertas especies marinas.

Lo anterior se evidencia, también, en la construcción de hidroeléctricas y en la explotación de minas, en ambos casos se deben establecer mecanismos que aseguren que el producto de estas actividades redunde directamente en beneficio de las comunidades que habitan en las áreas de influencia de dichos proyectos, mediante una adecuada inversión comunitaria pública-privada y a través de la adecuada aplicación y supervisión en la implementación de buenas prácticas ambientales.

Un aspecto de incidencia en la preservación del ambiente, es el fortalecimiento de instituciones como la Autoridad Nacional del Ambiente que podría beneficiarse de una mayor jerarquía dentro del aparato estatal y desempeñar, así, un mayor liderazgo para coordinar y hacer más efectiva las políticas de protección y gestión ambiental.

Otro de los factores determinantes es el ordenamiento territorial, cuyo objetivo consiste en fortalecer el proceso de incorporar criterios de reducción de riesgos, especificando condiciones sostenibles y seguras de uso y ocupación, atendiendo objetivos ambientales, sociales y económicos. Con ello, se logrará definir con mayor claridad las reglas del juego en cuanto al desarrollo de la actividad humana y su compatibilidad con el uso del espacio físico. Además, una definición clara de roles y competencia de las diversas entidades involucradas en el ordenamiento territorial podría producir una mayor integración a nivel municipal, provincial y nacional.

Una última consideración tiene que ver con las llamadas audiencias públicas con las que se proporcionará un mayor equilibrio entre la sana y necesaria consulta de los involucrados y los potenciales afectados. Estas consultas permitirán simplificar y agilizar los procesos, con el fin de minimizar la incertidumbre y complicaciones innecesarias que, en un momento dado, puedan ser disuasivos a la inversión y la actividad económica de la nación.

La preservación de los recursos naturales es una función inminente del Estado, pero requiere de la participación de todas las partes involucradas. La actuación, coordinada, consensuada y responsable de los ciudadanos, de los empresarios y de las entidades gubernamentales proporcionará las herramientas que se requieren para este fin.

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