ANTECEDENTE NICARAGÜENSE

La cuestión ngäbe buglé, ¿un asunto de derechos humanos?: Francisco Díaz Montilla

Quienes insisten en ver la explotación de los recursos hídricos y mineros en la comarca Ngäbe-Buglé desde la perspectiva del “desarrollo” nacional pudieran estar obviando otras perspectivas no menos importantes.

El 13 de septiembre de 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia por el caso de la comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni versus Nicaragua. No sé si quienes nos gobiernan conocen el caso; si no, no estaría de más una lectura de la sentencia, pues ayudaría a comprender la complejidad jurídica del problema que subyace en la pretensión gubernamental de llevar a cabo proyectos hidroeléctricos ubicados en tierras comarcales y/o anexas que afecten, de alguna manera, a los habitantes de la comarca Ngäbe-Buglé.

El caso nicaragüense fue más prosaico que el nuestro, pues se trataba de una concesión para la explotación forestal en una zona que ni siquiera había sido delimitada por el Estado, pero son invaluables sus enseñanzas.

En los alegatos presentados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaba: “la comunidad Mayagna tiene derechos comunales de propiedad sobre tierras y recursos naturales con base en patrones tradicionales de uso y ocupación territorial ancestral. Estos derechos ´existen aún sin actos estatales que los precisen”.

Agregaba la Comisión: “La tenencia tradicional está ligada a una continuidad histórica, pero no necesariamente a un solo lugar y a una sola conformación social a través de los siglos. El territorio global de la comunidad es poseído colectivamente y los individuos y familias gozan de derechos subsidiarios de uso y ocupación”.

Con respecto a los patrones de uso, señalaba: “Los patrones tradicionales de uso y ocupación territorial de las comunidades indígenas (...) generan sistemas consuetudinarios de propiedad, son derechos de propiedad creados por las prácticas y normas consuetudinarias indígenas que deben ser protegidos, y que califican como derechos de propiedad amparados por el artículo 21 de la Convención [Americana sobre Derechos Humanos]”.

Sobre este tópico, la Corte reconocía lo siguiente: “Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de esta no se centra en un individuo, sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas, por el hecho de su propia existencia, tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”.

Aunque quienes nos gobiernan crean que pueden disponer, sin más, de los recursos que existen en las comarcas, porque “todos los recursos son propiedad del Estado”, hay razones para pensar que la cuestión ngäbe buglé desborda la idea de propiedad estatal y el sentido desarrollista que se le ha querido dar; es, también, un asunto de derechos humanos.

Derechos con los que se ha comprometido el Estado panameño al ratificar diversos instrumentos sobre la materia.

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