ACTUALIZACIÓN Y REFORMAS

Cuando la debida diligencia no es suficiente: Alfredo Pascal

Después de 1918, el Ejército francés era considerado el mejor del mundo, habiéndose cubierto de gloria en Marne y Verdún, pero, apenas una generación después, y luego de una cortísima campaña, cayó ante el viejo enemigo alemán en junio de 1940, siendo esta derrota resumida por el general Maurice Gamelin, quien al preguntársele sobre por qué el Ejército francés no contraatacaba, respondió: “Inferioridad de números, inferioridad de recursos, inferioridad de métodos”.

Y así como Francia, confiada en las tácticas que le habían ganado la Primera Guerra Mundial, perdió en la Segunda; el centro financiero panameño pierde la batalla para prevenir la legitimización de capitales ilícitos por inferioridad de métodos y recursos en un contexto de ambigüedad conceptual, improvisación regulatoria, inexistente aplicación judicial, y la perversa hipocresía de proveedores de servicios financieros y legales.

La inferioridad de método se basa en la excesiva confianza en ciertas prácticas, tales como la debida diligencia. Si bien es suficiente para mitigar algunos, pero no todos, los riesgos asociados a las entidades offshore, en la práctica no es más que un estéril ejercicio de recopilación y archivo de papeles, que se traduce en los escándalos de corrupción y lavado de dinero que ya estamos acostumbrados a ver. De nada sirve saber quién es el cliente, si la acción posterior es guardar dicha información bajo llave y actualizar cada dos años su número de teléfono, y mucho menos servirá si los hallazgos de la debida diligencia son obviados por fines de negocio.

Con respecto a la inferioridad de recursos, mucho se oye que se deben publicar las sanciones a bancos, pero, ¿qué tal indicar claramente los límites del privilegio abogado-cliente circunscribiéndolo únicamente a información obtenida en el contexto de servicios dados en relación a procesos judiciales, y que dicho privilegio no es aplicable si se proveen servicios financieros o fiduciarios, o eliminar la abominable práctica de “añejar” sociedades con el único propósito de ofrecérsele a clientes que desean tener una compañía con una aparente antigüedad y directores de papel?

Se arguye, vanamente en vista de recientes noticias, que los criminales no pueden ocultar su dinero en el sistema financiero panameño, pero la realidad es que la regulación actual de prevención de lavado de activos es eficiente para proteger a las instituciones financieras de delitos cuya metodología data de hace 30 años, es decir, del narcotraficante con bolsas de dinero parado esperando su turno para abrir una cuenta cifrada, y meramente adecuada frente a técnicas de lavado de activos como el mercado negro del peso, e inútil ante otras metodologías más sofisticadas.

Y así como el Ejército francés de 1940 se enfrentó a un enemigo técnicamente superior con tácticas con 21 años de atraso, y falló, en Panamá el sector financiero y de servicios debe actualizarse, establecer prioridades y, contundentemente, reformar qué servicios se proveen y cómo se proveen. De lo contrario, nos deberíamos ir acostumbrando a leer sobre bancos, compañías y ciudadanos panameños incluidos en alguna lista de la Oficina de Control de Activos estadounidense (OFAC).

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