MEDIDA INCONSULTA

En defensa de los motorizados: Álvaro Elías Batista

“Quéjese quien se queje”, con esta frase se inició el discurso del director de Tránsito, cuando recientemente anunciara que implementaría la reglamentación del Decreto Ejecutivo 949, del 1 de diciembre de 2010, que establece los controles de seguridad relacionados al uso de motocicletas, y que en lo medular impone la obligación de utilizar un chaleco reflectante numerado y un casco con los mismos números.

El argumento principal que se utilizó para la aplicación de este Decreto Ejecutivo es que los motorizados son el instrumento preferido por el sicariato; luego, ante tan débil argumento, confrontado con la presión popular y el repudio generalizado por la arbitraria medida, la argumentación cambió. Ahora la excusa es que los motociclistas son responsables de más de 50 accidentes a la semana, lo que no tiene ningún sustento científico. Es más lógico pensar que los accidentes son el producto del caos reinante en nuestro sistema de transporte.

Esta impositiva medida es ilegal frente a la normativa vigente en el país, por lo siguiente: el artículo 17 de la Constitución Nacional establece que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley. Los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona”.

La implementación de estas medidas es, en un primer orden de ideas, una afrenta a la dignidad de los individuos, a la propiedad privada, y en cierta forma, hasta un golpe a la libertad de tránsito, lo que a la vez constituye una intromisión en la vida privada del individuo. Pregúntele a un motorizado si utilizar ese uniforme, como si ese individuo fuese un bien del Estado, no le causa una denigrante incomodidad. Lo anterior, sin adentrarnos en la discusión de que estas medidas repercutirán directamente en el problema del ya colapsado transporte público.

Resulta que en nuestro sistema constitucional no existe una lista de lo que deben o no hacer los gobernantes, ni sobre lo que supone una violación a los derechos y garantías individuales. Por lo general, esta apreciación se deja para el sentido común y la justa valoración judicial de los derechos tutelados por la Carta Magna.

Más práctica es la solución que ofrecen la doctrina y el derecho internacional, que el Estado panameño endosa y se compromete a respetar por medio del artículo 4 de la Constitución. Así tenemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU), del 10 de diciembre de 1948, estipula que el hombre debe defenderse de las injerencias indebidas de los poderes públicos, sus órganos, sus agentes y de los ataques a la intimidad causados por otros individuos. Así el artículo 12 de este compendio establece: “Nadie será objeto de injerencias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. De la misma manera, se lo menciona en el artículo 11 del Pacto de San José de Costa Rica 1984, del cual Panamá también es signatario.

Finalmente, es preciso preguntarse si los actos desplegados por el Gobierno en la implementación de este Decreto Ley constituyen una intromisión en la vida y libertad de las personas. Ciertamente los panameños estamos preocupados por los altos grados de delincuencia que agobian a nuestro país, pero, ¿hasta qué punto debemos seguir sacrificando derechos y libertades individuales so pretexto de tutelar un supuesto bien común? No estoy muy seguro de que el delincuente o sicario que pretenda delinquir vaya a utilizar un chaleco y casco con la numeración que le corresponde para ser identificado. Si a usted poco le importa lo que le aqueja a los motorizados, vuelva a meditarlo. Quizá luego sea muy tarde cuando le afecten sus intereses. Ya ha ocurrido antes, puesto que todos los abusos de los gobiernos totalitarios como este van cargados de supuestas buenas intenciones, o como dijo aquel político francés Edmund Burke: “Lo único necesario para el triunfo del mal es que los buenos no hagan nada”.

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