JUSTICIA

En defensa del sistema penal acusatorio: Ángel M. Gómez G.

Han transcurrido más de cuatro meses desde que se implementó en Coclé y Veraguas el sistema penal acusatorio, mediante la Ley No. 63 de 28 de agosto de 2008, y hace pocos días se criticó, duramente, porque supuestamente “no funciona”. Los 18 años que he ejercido como abogado penalista –15 dedicados al sistema judicial penal– me obligan a desmentir esa afirmación. Sí funciona, lo digo con propiedad, he participado en audiencias como abogado defensor, querellante, y muchas veces he asistido como observador.

Al principio, las expectativas eran muchas, un sistema nuevo considerado más garantista y equilibrado, en la medida en que están claramente diferenciadas las funciones de acusación, juzgamiento y defensa. Entre ellas cobra una gran importancia el criminalista y el policía judicial, quienes buscan, en la medida de sus posibilidades, la evidencia para que sea presentada a la investigación o al juicio.

Hay mucho entusiasmo entre los actores de este nuevo sistema, jueces, fiscales, querellantes, defensores privados y de oficio; todos cumpliendo fielmente con el rol que les corresponde. El Órgano Judicial capacitó y escogió por concurso a los mejores jueces, quienes toman sus decisiones en un debate oral, en derecho. Si las partes no están de acuerdo en sus fallos, está la segunda instancia, el Tribunal Superior de Apelaciones, compuesto por tres magistrados, quienes fijan las audiencias en un término perentorio, resuelven y deliberan en el mismo acto.

En este sistema no hay expedientes, no hay que esperar meses o años para tomar una decisión, a veces se toman en minutos. Se ha nombrado un número mayor de defensores para cumplir con el derecho a la defensa, toda vez que la defensa de las personas o de sus derechos son inviolables o irrenunciables. Si no designa a un defensor idóneo de su elección, el Estado le asignará un defensor público.

Por su lado, el Ministerio Público está representado por los fiscales. En el ejercicio de la acción penal dirigen la investigación de los delitos, practicando u ordenando la ejecución de diligencias útiles para determinar la existencia del ilícito y los responsables. Los fiscales han recibido menos capacitación en este sistema que en el Órgano Judicial, algunos mantienen los resabios del sistema mixto (inquisitivo-acusatorio), pero en su labor hay cambios positivos; los observo trabajando 24 horas con los organismos de investigación, buscando descubrir los delitos, los autores y partícipes, a pesar de no estar dotados con un presupuesto adecuado para hacer una investigación efectiva. El que dijo que el sistema penal acusatorio “no está funcionando”, debe pedir que se dote de un mayor presupuesto al Órgano Judicial, al Ministerio Publico, al Instituto de Medicina Legal, a la Dirección de Investigación Judicial y a la Policía Nacional. Porque, a pesar de las limitaciones presupuestarias, en Coclé y Veraguas, el sistema penal acusatorio, sí funciona.

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