TUTELA ESTATAL

La delincuencia juvenil y el trabajo infantil, sus raíces y posible solución: Otto Isaacs

Mucho se ha hablado sobre la delincuencia juvenil y el trabajo infantil, pero aún no he escuchado una propuesta de solución que implique atacar ambos problemas en sus raíces. En el caso de la delincuencia juvenil se dice, por ejemplo, que hay que fomentar el deporte y la cultura para alejar a los jóvenes del vicio y las malas compañías. Aunque los esfuerzos en esa dirección sean encomiables, no son y jamás serán suficientes para resolver este problema.

En opinión de algunos, lo que se necesita es una política criminológica estatal enfocada hacia la prevención del delito. ¿Pero será cierto que sin una política criminológica estatal no puede ser resuelto el problema de la delincuencia juvenil? No lo creo. Basta para resolver el problema que lo ataquemos por sus raíces.

Estas raíces son harto conocidas por sociólogos, psicólogos y criminólogos. Podemos resumirlas diciendo que aquel que nace en un entorno en el que campean todas las carencias o en donde el maltrato físico y mental forma parte de su diario vivir, difícilmente podrá sustraerse a las influencias que lo arrastran hacia la vida delictual.

¿Y qué puede hacerse con o por aquellos que nacen en un entorno tal en que es usual que falte uno de los progenitores (no digo padres, obsérvese bien, pues padre o madre es aquel y aquella que ofrece amor, bienestar, protección y guía a sus hijos, y nada de esto se da usualmente en los entornos sociales en que germina y fructifica la delincuencia juvenil), o si existen ambos no pueden o no quieren proveer lo suficiente para satisfacer las necesidades básicas de todo niño (alimentación, vivienda, vestido, educación, salud), carencias que a la larga orillan hacia una vida delincuencial? ¿O con los otros que son objeto de maltratos o explotación diarios?

A mi modo de ver, lo que se impone en estos casos es una intervención fuerte y decisiva del Estado a través de una legislación apropiada, en la que el Estado asuma la patria potestad. Progenitores que no puedan proveer a sus hijos de lo necesario para satisfacer las necesidades básicas de la vida o que sometan a sus hijos a maltratos o a explotación deberán ceder al Estado la patria potestad sobre sus hijos. Claro está que una legislación sobre este tema debería tomar en consideración diferencias regionales y culturales para una justa implementación.

El corolario de la medida que se propone es que el Estado deberá asignar los recursos necesarios para la construcción, equipamiento y dotación de personal de las instalaciones en las que se alojarían estos niños, lugares en los que se les proveería de todo lo necesario para que a su tiempo se conviertan en ciudadanos productivos, y no en antisociales, como ocurre actualmente.

Mediante una acción decisiva del Estado se puede erradicar el trabajo y la mendicidad infantil, reducir la delincuencia juvenil a su mínima expresión y proveer educación, alimentación y salud a decenas de miles de niños y jóvenes panameños que hoy viven una vida de marginación, angustia y desesperación.

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