inseguridad.

El Estado y la delincuencia

El aumento alarmante de la delincuencia es uno de los temas que no se agota en las tertulias cotidianas. Es un problema mundial y los países pobres y ricos padecen por igual esa plaga antisocial. Los medios de comunicación, hoy al alcance de la población, tienen bien informada a la comunidad de la creciente proliferación de los hechos delictivos.

En atención a la cantidad de habitantes de cada nación no se sabe, proporcionalmente, dónde se ubica el campeonato de la criminalidad. Es tan inquietante la ola de ilicitudes que en las campañas políticas el problema de la seguridad produce toda clase de enfoques y de promesas dirigidas a garantizar la paz interior.

El problema de la delincuencia es tan crítico que los cimientos del Estado como órgano destinado a mantener el orden público, se encuentran ante la opinión pública tan deteriorados como desprestigiados.

Los analistas con sus observaciones juiciosas tornan más grave la saturación delictiva porque al remontarse al examen de los orígenes del Estado llegan a la conclusión que la razón de ser del mismo ha caducado. El analista no complica teóricamente el problema porque se fundamenta en una concepción simple del Estado como ente amortiguador de los conflictos sociales y humanos o como fruto de un contrato entre gobernantes y gobernados para garantizar la convivencia social. Esa concepción está en crisis porque ni los gobernantes garantizan exitosamente la convivencia ni los gobernados respetan las normas del buen comportamiento. Desde luego, se generaliza para manejar con mayor precisión y amplitud la dimensión del conflicto que azota a toda la sociedad.

Los argumentos expuestos desembocan en una conclusión simple y conocida: el problema del Estado, de la Sociedad y del Hombre es complejo y lo que ocurre en la actualidad no tiene precedentes en la historia de los conflictos sociales.

Si el problema es complejo porque la crisis es integral, es económica, social, política, cultural, moral, etc; las soluciones en carpeta son igualmente complejas y demandan la creación de un gran Centro de Cerebros como el creado por el presidente Franklin Delano Roosevelt al ser electo por primera vez altamente idóneo que ofrezca tratamientos específicos, urgentes, tan realistas como lucidos y que ubiquen en nuevos planos el papel de gobernantes y gobernados. Esto significa que se impone un nuevo contrato social que tenga a la sociedad como la medida de todas las cosas, reiterando explícitamente que la ilusión del Estado es alcanzar la felicidad y la paz de los seres humanos. Este nuevo contrato social debe descansar en las experiencias vividas y en el conocimiento de las razones que explican porqué no se supera ni la pobreza, ni la profunda desigualdad económica de los pueblos.

Los nuevos objetivos del contrato social deben guardar relación con una visión estructural de la sociedad y del mundo en que vivimos. El problema de la delincuencia, por ejemplo, no se resuelve con una apreciación parcial, matemática, fría y que se agota con una nueva política sancionadora. Recuerdo a un constituyente de 1946 expresar que la delincuencia debe ser enfrentada con un excelente sistema penitenciario. Este sistema debe ser tan higiénico, en su sentido genérico, que opere sobre el delincuente de igual manera como se sanearía una gallina llena de piojitos. Se le da la atención adecuada para expulsar del cuerpo todo lo que pueda afectar la salud física y, en cuanto al delincuente, la mental. Y ¿luego?, preguntó otro constituyente. ¿Regresar la gallina al gallinero infectado de piojitos? ¿Regresar al delincuente a su mismo hábitat sin que haya sufrido transformación alguna, de carácter social, económico y cultural? En estas preguntas se encuentra envuelto todo el drama del problema de la delincuencia, del sistema penitenciario y de la política estatal de prevención y represión del delito. De allí la complejidad de las perturbaciones en que vive la sociedad y la necesidad de revisar el papel del Estado y de la Sociedad, como queda apuntado en estas notas.

Es obvio que en la etapa actual, de desbordamiento criminal, se necesita mano dura, pero si no existe otra política de prevención paralela la misma dinámica de la represión nos podría conducir a las orillas de las leyes tenebrosas denominadas de represalia de la Grecia antigua (no debe olvidarse que la historia de la penalidad y del delito no es la historia de la clemencia sino de la barbarie humana). En la Asamblea Nacional de 1964, al discutir estos temas crónicos, recuerdo al diputado Nicanor Villalaz advertir sensatamente que cuando la mano dura no tiene control la "tranquilidad viene de tranca" y el peligro es generalizar e institucionalizar semejante política, como ocurría durante la funesta dictadura militar. Estas políticas de hecho, anárquicas, fundadas exclusivamente en la tranca podrían generar conflictos con los mandamientos relativos a los derechos humanos, los que deben ser preservados por más que los beneficiarios carezcan de toda sensibilidad humana.

El problema de la delincuencia, el problema del desequilibrio social y económico, el problema del papel del Estado, en su conjunto, es más exigente en materia financiera que la ampliación del Canal. Se necesita una fortuna para alcanzar la ampliación de la solidaridad, presupuesto eficiente para prevenir la vida del delito. Estudiar a fondo el problema nacional y ejecutar con puntualidad cada solución, una a una, dentro de un plan general es lo que nos permitirá como Nación convivir en una sociedad justa e igualitaria, protegida por un Estado eficiente.

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